Un software forense utilizado para extraer y analizar información desde teléfonos, computadores y otros dispositivos electrónicos quedó en el centro de una investigación internacional que también toca a instituciones chilenas.
Se trata de Oxygen Forensic Detective, una herramienta empleada en labores de investigación digital y que, según antecedentes conocidos en Estados Unidos, habría ocultado su real vínculo con ciudadanos rusos.
La investigación apunta a que la empresa se presentaba comercialmente como una firma con sede en Estados Unidos, pese a que su propiedad, control y desarrollo estarían ligados a Rusia.
El caso derivó en diligencias del Departamento de Justicia norteamericano, con detenciones, incautación de dominios y revisión de infraestructura digital asociada a la compañía.
En Chile, el programa aparece vinculado a distintos registros y procesos de adquisición o capacitación de instituciones como la Fiscalía, la Policía de Investigaciones y unidades especializadas de Carabineros.
Uno de los antecedentes más sensibles se relaciona con la Operación Huracán, investigación donde surgieron cuestionamientos por el uso y adquisición de herramientas tecnológicas destinadas al análisis de dispositivos.
También existen registros de capacitación a funcionarios del Ministerio Público para operar el software en investigaciones de alta complejidad y crimen organizado.
La denuncia en Estados Unidos no sostiene que el programa tuviera código malicioso ni que hubiera sido usado para acceder ilegalmente a datos de sus clientes, pero sí abrió dudas sobre transparencia, control societario y dependencia tecnológica.
El impacto ya se siente en el mercado local, donde las operaciones de soporte y nuevas ventas vinculadas a la herramienta no funcionan con normalidad, mientras algunos clientes evalúan alternativas para mantener sus procesos forenses.
El caso instala una alerta sobre el uso de tecnologías extranjeras en investigaciones penales y sobre los controles que deben aplicarse cuando se trata de herramientas capaces de acceder a información sensible.
Se trata de Oxygen Forensic Detective, una herramienta empleada en labores de investigación digital y que, según antecedentes conocidos en Estados Unidos, habría ocultado su real vínculo con ciudadanos rusos.
La investigación apunta a que la empresa se presentaba comercialmente como una firma con sede en Estados Unidos, pese a que su propiedad, control y desarrollo estarían ligados a Rusia.
El caso derivó en diligencias del Departamento de Justicia norteamericano, con detenciones, incautación de dominios y revisión de infraestructura digital asociada a la compañía.
En Chile, el programa aparece vinculado a distintos registros y procesos de adquisición o capacitación de instituciones como la Fiscalía, la Policía de Investigaciones y unidades especializadas de Carabineros.
Uno de los antecedentes más sensibles se relaciona con la Operación Huracán, investigación donde surgieron cuestionamientos por el uso y adquisición de herramientas tecnológicas destinadas al análisis de dispositivos.
También existen registros de capacitación a funcionarios del Ministerio Público para operar el software en investigaciones de alta complejidad y crimen organizado.
La denuncia en Estados Unidos no sostiene que el programa tuviera código malicioso ni que hubiera sido usado para acceder ilegalmente a datos de sus clientes, pero sí abrió dudas sobre transparencia, control societario y dependencia tecnológica.
El impacto ya se siente en el mercado local, donde las operaciones de soporte y nuevas ventas vinculadas a la herramienta no funcionan con normalidad, mientras algunos clientes evalúan alternativas para mantener sus procesos forenses.
El caso instala una alerta sobre el uso de tecnologías extranjeras en investigaciones penales y sobre los controles que deben aplicarse cuando se trata de herramientas capaces de acceder a información sensible.
