La Ley de Reconstrucción, una de las principales apuestas económicas del Gobierno, aún no tiene fecha clara de promulgación.
El Ejecutivo esperaba que la norma estuviera lista durante la primera quincena de septiembre, pero ese plazo no se cumplió y el trámite continúa pendiente.
El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, señaló que esperan que la ley pueda promulgarse durante octubre, aunque evitó comprometer una fecha específica.
El retraso se explica por la revisión que realiza el Tribunal Constitucional en control preventivo obligatorio, etapa necesaria antes de la promulgación y publicación en el Diario Oficial.
El proyecto fue despachado por el Congreso en julio y contempla medidas tributarias, laborales, incentivos a la inversión, reglas para autorizaciones de proyectos y mecanismos de intercambio de información entre organismos públicos.
Entre los puntos relevantes aparecen la invariabilidad tributaria, cambios para empresas, medidas vinculadas a inversión y disposiciones para mejorar la fiscalización del gasto.
El plazo ordinario del Tribunal Constitucional vence el viernes 9 de octubre, aunque el organismo puede solicitar una prórroga.
Si la promulgación ocurre durante octubre, algunas medidas podrían comenzar a regir desde el 1 de noviembre, mientras que otras quedarían programadas para diciembre o enero de 2027.
Entre los cambios esperados figuran ajustes al régimen pyme, beneficios tributarios, modificaciones a la franquicia del Sence, suspensión temporal del IVA a la vivienda y mecanismos para regularizar deudas o capitales.
El Ejecutivo esperaba que la norma estuviera lista durante la primera quincena de septiembre, pero ese plazo no se cumplió y el trámite continúa pendiente.
El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, señaló que esperan que la ley pueda promulgarse durante octubre, aunque evitó comprometer una fecha específica.
El retraso se explica por la revisión que realiza el Tribunal Constitucional en control preventivo obligatorio, etapa necesaria antes de la promulgación y publicación en el Diario Oficial.
El proyecto fue despachado por el Congreso en julio y contempla medidas tributarias, laborales, incentivos a la inversión, reglas para autorizaciones de proyectos y mecanismos de intercambio de información entre organismos públicos.
Entre los puntos relevantes aparecen la invariabilidad tributaria, cambios para empresas, medidas vinculadas a inversión y disposiciones para mejorar la fiscalización del gasto.
El plazo ordinario del Tribunal Constitucional vence el viernes 9 de octubre, aunque el organismo puede solicitar una prórroga.
Si la promulgación ocurre durante octubre, algunas medidas podrían comenzar a regir desde el 1 de noviembre, mientras que otras quedarían programadas para diciembre o enero de 2027.
Entre los cambios esperados figuran ajustes al régimen pyme, beneficios tributarios, modificaciones a la franquicia del Sence, suspensión temporal del IVA a la vivienda y mecanismos para regularizar deudas o capitales.
