El Gobierno anunció que realizará modificaciones a la Ley Uber, cuestionando duramente el reglamento actual que regula a las aplicaciones de transporte en Chile.
El ministro de Transportes, Louis de Grange, calificó la normativa vigente como “deficiente” y aseguró que, de aplicarse tal como está, provocaría efectos negativos tanto para conductores como para usuarios.
Entre los principales problemas, advirtió que las exigencias técnicas —como restricciones en la antigüedad de los vehículos— podrían dejar fuera entre el 80% y 85% de la flota actual de conductores.
Además, el secretario de Estado señaló que el reglamento “genera mucho daño”, ya que impactaría en el empleo, aumentaría las tarifas y reduciría la disponibilidad del servicio, especialmente en sectores más alejados.
En esa línea, también se proyecta que su implementación podría elevar la tasa de desempleo, afectando directamente a miles de personas que hoy trabajan mediante estas plataformas.
Frente a este escenario, el Ejecutivo ya trabaja en una nueva propuesta técnica que busca corregir estos efectos, proteger el empleo y evitar alzas en los precios para los usuarios.
La idea es modificar el reglamento antes de su entrada en vigencia, en medio de un debate que sigue generando tensión entre autoridades, conductores y la industria del transporte.
