El Tribunal Constitucional rechazó, por nueve votos contra uno, el requerimiento presentado por el Gobierno contra la norma que establece la reconexión gratuita de servicios básicos en zonas declaradas bajo estado de catástrofe.
La disposición forma parte de la megarreforma aprobada por el Congreso y fue incorporada por diputados de oposición.
La norma obliga a empresas distribuidoras de electricidad, agua y gas a reponer el suministro a usuarios ubicados en zonas de catástrofe, incluso si mantienen deudas con las compañías.
El plazo máximo fijado es de 48 horas para gas y electricidad, y de 24 horas para agua potable y alcantarillado.
El Ejecutivo había cuestionado la medida a través de un requerimiento impulsado por el Ministerio de Hacienda, argumentando riesgos técnicos y de seguridad en la reposición acelerada de los servicios.
Durante la discusión ante el tribunal, la defensa del Gobierno sostuvo que la reconexión de gas requiere verificaciones previas en instalaciones interiores para evitar riesgos como fugas o explosiones.
También se planteó que la iniciativa no habría contado con informes técnicos suficientes ni con revisión de las comisiones sectoriales correspondientes.
La decisión del TC representa un revés para el Gobierno y también generó preocupación en gremios empresariales, que advirtieron eventuales efectos regulatorios y económicos.
La norma fue discutida en medio de emergencias provocadas por lluvias, que llevaron a declarar zonas bajo estado de catástrofe en distintos puntos del país.
La disposición forma parte de la megarreforma aprobada por el Congreso y fue incorporada por diputados de oposición.
La norma obliga a empresas distribuidoras de electricidad, agua y gas a reponer el suministro a usuarios ubicados en zonas de catástrofe, incluso si mantienen deudas con las compañías.
El plazo máximo fijado es de 48 horas para gas y electricidad, y de 24 horas para agua potable y alcantarillado.
El Ejecutivo había cuestionado la medida a través de un requerimiento impulsado por el Ministerio de Hacienda, argumentando riesgos técnicos y de seguridad en la reposición acelerada de los servicios.
Durante la discusión ante el tribunal, la defensa del Gobierno sostuvo que la reconexión de gas requiere verificaciones previas en instalaciones interiores para evitar riesgos como fugas o explosiones.
También se planteó que la iniciativa no habría contado con informes técnicos suficientes ni con revisión de las comisiones sectoriales correspondientes.
La decisión del TC representa un revés para el Gobierno y también generó preocupación en gremios empresariales, que advirtieron eventuales efectos regulatorios y económicos.
La norma fue discutida en medio de emergencias provocadas por lluvias, que llevaron a declarar zonas bajo estado de catástrofe en distintos puntos del país.
