La Policía de Investigaciones realizó una serie de allanamientos en el marco de la investigación por presuntas irregularidades en licitaciones del Programa de Alimentación Escolar de Junaeb.
El operativo incluyó diligencias en oficinas de Junaeb y en el Congreso Nacional.
Más de 80 funcionarios policiales participaron en el despliegue realizado en distintas comunas de la Región Metropolitana y en ciudades como Iquique, Copiapó, La Serena y Coyhaique.
Durante los procedimientos se incautaron teléfonos, computadores y documentos considerados relevantes para la investigación.
Por ahora, no se informaron personas detenidas en la causa.
Las diligencias fueron autorizadas por el 4.º Juzgado de Garantía y estuvieron dirigidas por la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente.
La indagatoria contempla delitos como fraude al fisco, soborno, cohecho, lavado de activos y tráfico de influencias.
El caso se relaciona con presuntas irregularidades en licitaciones del Programa de Alimentación Escolar, principalmente en la Región de O’Higgins, aunque la investigación podría extenderse a otras zonas del país.
La fiscalía calificó la jornada como exitosa, señalando que se obtuvieron los medios de prueba buscados durante los allanamientos.
Tras revisar el material incautado, el Ministerio Público deberá definir eventuales formalizaciones u otras solicitudes judiciales.
La investigación apunta a una presunta red que habría favorecido a una empresa mediante raciones infladas, certificados falsos, registros adulterados y pagos indebidos a funcionarios.
El operativo incluyó diligencias en oficinas de Junaeb y en el Congreso Nacional.
Más de 80 funcionarios policiales participaron en el despliegue realizado en distintas comunas de la Región Metropolitana y en ciudades como Iquique, Copiapó, La Serena y Coyhaique.
Durante los procedimientos se incautaron teléfonos, computadores y documentos considerados relevantes para la investigación.
Por ahora, no se informaron personas detenidas en la causa.
Las diligencias fueron autorizadas por el 4.º Juzgado de Garantía y estuvieron dirigidas por la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente.
La indagatoria contempla delitos como fraude al fisco, soborno, cohecho, lavado de activos y tráfico de influencias.
El caso se relaciona con presuntas irregularidades en licitaciones del Programa de Alimentación Escolar, principalmente en la Región de O’Higgins, aunque la investigación podría extenderse a otras zonas del país.
La fiscalía calificó la jornada como exitosa, señalando que se obtuvieron los medios de prueba buscados durante los allanamientos.
Tras revisar el material incautado, el Ministerio Público deberá definir eventuales formalizaciones u otras solicitudes judiciales.
La investigación apunta a una presunta red que habría favorecido a una empresa mediante raciones infladas, certificados falsos, registros adulterados y pagos indebidos a funcionarios.
