La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó este lunes los tres vetos presidenciales ingresados por el Gobierno al Plan de Reconstrucción, por lo que las observaciones del Ejecutivo continuarán ahora su tramitación en el Senado.
Las propuestas ya habían sido respaldadas por la Comisión de Hacienda y fueron sometidas a votaciones separadas en la Sala, debido a que abordaban materias distintas dentro del proyecto.
El veto relativo al anatocismo fue aprobado por 75 votos a favor, 59 en contra y 12 abstenciones. La observación vinculada al derecho al olvido financiero obtuvo 75 respaldos, 58 rechazos y 13 abstenciones.
En tanto, el veto asociado al pago a 30 días para las pymes logró 74 votos a favor, 50 en contra y 22 abstenciones. En los tres casos, las abstenciones correspondieron a la bancada del Partido de la Gente.
Con este resultado, el proyecto entra en una nueva etapa legislativa y deberá ser revisado por el Senado antes de quedar en condiciones de avanzar hacia su promulgación definitiva.
Desde el Ejecutivo defendieron las observaciones y plantearon que buscan evitar efectos negativos en el funcionamiento del sistema financiero y en la aplicación de la futura ley.
Las propuestas ya habían sido respaldadas por la Comisión de Hacienda y fueron sometidas a votaciones separadas en la Sala, debido a que abordaban materias distintas dentro del proyecto.
El veto relativo al anatocismo fue aprobado por 75 votos a favor, 59 en contra y 12 abstenciones. La observación vinculada al derecho al olvido financiero obtuvo 75 respaldos, 58 rechazos y 13 abstenciones.
En tanto, el veto asociado al pago a 30 días para las pymes logró 74 votos a favor, 50 en contra y 22 abstenciones. En los tres casos, las abstenciones correspondieron a la bancada del Partido de la Gente.
Con este resultado, el proyecto entra en una nueva etapa legislativa y deberá ser revisado por el Senado antes de quedar en condiciones de avanzar hacia su promulgación definitiva.
Desde el Ejecutivo defendieron las observaciones y plantearon que buscan evitar efectos negativos en el funcionamiento del sistema financiero y en la aplicación de la futura ley.
