Un grupo de diputados presentó un proyecto de ley que propone suspender por cinco años los efectos de la Ley Karin y reabrir el debate sobre sus normas.
La iniciativa plantea que, durante ese período, vuelvan a regir las disposiciones laborales anteriores a la entrada en vigencia de la normativa.
El texto sostiene que la ley permitió visibilizar casos de acoso laboral que antes no eran denunciados, pero advierte que el sistema institucional habría quedado sobrepasado por el volumen de casos.
Los autores del proyecto argumentan que el diseño actual ha generado un colapso en el sistema de denuncias y dificultades para entregar protección oportuna a las víctimas.
La moción fue impulsada por parlamentarios del Partido Nacional Libertario, el Partido Republicano, el PDG e independientes vinculados a bancadas de oposición y oficialismo.
Uno de los puntos centrales del proyecto es que las denuncias e investigaciones ya iniciadas continúen tramitándose bajo la legislación vigente al momento de su ingreso.
Los diputados citan antecedentes que apuntan a más de 66 mil denuncias acumuladas a diciembre de 2025, con un promedio cercano a 22 mil casos por semestre.
También se señala que entre agosto de 2024 y junio de 2025 ingresaron 44.212 denuncias, pero solo 42% fue preclasificado como materia propia de la Ley Karin.
En investigaciones concluidas, la iniciativa indica que 21,3% terminó constatando la existencia de una vulneración.
Los parlamentarios atribuyen parte del problema a la amplitud de conceptos como violencia en el trabajo, la eliminación del requisito de reiteración para configurar acoso laboral y la falta de una etapa de admisibilidad.
Según los impulsores, esa ausencia de filtro habría permitido que el procedimiento se use para canalizar conflictos laborales de distinta naturaleza, saturando a los organismos encargados de investigar.
El proyecto también advierte que algunas investigaciones pueden tardar entre seis y nueve meses, afectando tanto a denunciantes como a personas denunciadas.
La propuesta busca abrir una revisión legislativa sobre el umbral para configurar acoso, las definiciones incorporadas por la ley y posibles resguardos frente a acusaciones de mala fe.
Sus autores aseguran que el objetivo no es dejar sin protección a los trabajadores, sino corregir aspectos que, a su juicio, dificultan una respuesta eficaz y oportuna.
La iniciativa plantea que, durante ese período, vuelvan a regir las disposiciones laborales anteriores a la entrada en vigencia de la normativa.
El texto sostiene que la ley permitió visibilizar casos de acoso laboral que antes no eran denunciados, pero advierte que el sistema institucional habría quedado sobrepasado por el volumen de casos.
Los autores del proyecto argumentan que el diseño actual ha generado un colapso en el sistema de denuncias y dificultades para entregar protección oportuna a las víctimas.
La moción fue impulsada por parlamentarios del Partido Nacional Libertario, el Partido Republicano, el PDG e independientes vinculados a bancadas de oposición y oficialismo.
Uno de los puntos centrales del proyecto es que las denuncias e investigaciones ya iniciadas continúen tramitándose bajo la legislación vigente al momento de su ingreso.
Los diputados citan antecedentes que apuntan a más de 66 mil denuncias acumuladas a diciembre de 2025, con un promedio cercano a 22 mil casos por semestre.
También se señala que entre agosto de 2024 y junio de 2025 ingresaron 44.212 denuncias, pero solo 42% fue preclasificado como materia propia de la Ley Karin.
En investigaciones concluidas, la iniciativa indica que 21,3% terminó constatando la existencia de una vulneración.
Los parlamentarios atribuyen parte del problema a la amplitud de conceptos como violencia en el trabajo, la eliminación del requisito de reiteración para configurar acoso laboral y la falta de una etapa de admisibilidad.
Según los impulsores, esa ausencia de filtro habría permitido que el procedimiento se use para canalizar conflictos laborales de distinta naturaleza, saturando a los organismos encargados de investigar.
El proyecto también advierte que algunas investigaciones pueden tardar entre seis y nueve meses, afectando tanto a denunciantes como a personas denunciadas.
La propuesta busca abrir una revisión legislativa sobre el umbral para configurar acoso, las definiciones incorporadas por la ley y posibles resguardos frente a acusaciones de mala fe.
Sus autores aseguran que el objetivo no es dejar sin protección a los trabajadores, sino corregir aspectos que, a su juicio, dificultan una respuesta eficaz y oportuna.
