El plan del Gobierno contra el crimen organizado y el terrorismo abrió un debate entre alcaldes de comunas afectadas por la delincuencia y especialistas en seguridad pública.
La Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo contempla, entre sus medidas, la intervención permanente de los 50 barrios con mayores índices de criminalidad del país.
Esos sectores serán definidos a partir de información entregada por las policías y otros antecedentes técnicos vinculados a delitos de alta complejidad.
Desde municipios golpeados por la violencia, la reacción apuntó a valorar el foco en barrios críticos, pero también a exigir que la intervención sea profunda, sostenida y no solo policial.
El alcalde de Cerro Navia, Mauro Tamayo, planteó que en su comuna aún no se ha visto un copamiento efectivo ni una intervención suficiente para enfrentar a bandas criminales.
El jefe comunal sostuvo que no basta con ubicar una o dos patrullas en una esquina, sino que se requiere inteligencia, trabajo especializado de la Fiscalía y decisión del Estado para intervenir sectores.
Tamayo también pidió que la distribución policial sea más equitativa y que no se concentre principalmente en comunas de mayores ingresos.
Desde San Bernardo, el alcalde Christopher White valoró que el Gobierno abra la puerta a un Estado de Excepción barrial en sectores donde los vecinos se sienten sobrepasados por el crimen organizado.
White afirmó que una estrategia colaborativa entre policías, seguridad municipal y Fuerzas Armadas podría entregar mayor sensación de seguridad y reforzar la persecución penal.
El debate también incluye reparos técnicos sobre el rol de las Fuerzas Armadas en seguridad interior y la necesidad de revisar con detalle eventuales cambios constitucionales.
Especialistas han planteado que varias medidas legislativas avanzan en una dirección relevante, especialmente en materia penitenciaria y persecución del crimen organizado.
Sin embargo, también advierten que incorporar nuevas facultades militares en seguridad interna debe discutirse con cuidado, considerando sus efectos institucionales.
La discusión legislativa será clave para definir el alcance real de la agenda y si las medidas logran transformarse en una política de Estado sostenida.
Para los alcaldes, el punto central será que la intervención en barrios críticos no sea esporádica, sino permanente, coordinada y con resultados visibles para los vecinos.
La Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo contempla, entre sus medidas, la intervención permanente de los 50 barrios con mayores índices de criminalidad del país.
Esos sectores serán definidos a partir de información entregada por las policías y otros antecedentes técnicos vinculados a delitos de alta complejidad.
Desde municipios golpeados por la violencia, la reacción apuntó a valorar el foco en barrios críticos, pero también a exigir que la intervención sea profunda, sostenida y no solo policial.
El alcalde de Cerro Navia, Mauro Tamayo, planteó que en su comuna aún no se ha visto un copamiento efectivo ni una intervención suficiente para enfrentar a bandas criminales.
El jefe comunal sostuvo que no basta con ubicar una o dos patrullas en una esquina, sino que se requiere inteligencia, trabajo especializado de la Fiscalía y decisión del Estado para intervenir sectores.
Tamayo también pidió que la distribución policial sea más equitativa y que no se concentre principalmente en comunas de mayores ingresos.
Desde San Bernardo, el alcalde Christopher White valoró que el Gobierno abra la puerta a un Estado de Excepción barrial en sectores donde los vecinos se sienten sobrepasados por el crimen organizado.
White afirmó que una estrategia colaborativa entre policías, seguridad municipal y Fuerzas Armadas podría entregar mayor sensación de seguridad y reforzar la persecución penal.
El debate también incluye reparos técnicos sobre el rol de las Fuerzas Armadas en seguridad interior y la necesidad de revisar con detalle eventuales cambios constitucionales.
Especialistas han planteado que varias medidas legislativas avanzan en una dirección relevante, especialmente en materia penitenciaria y persecución del crimen organizado.
Sin embargo, también advierten que incorporar nuevas facultades militares en seguridad interna debe discutirse con cuidado, considerando sus efectos institucionales.
La discusión legislativa será clave para definir el alcance real de la agenda y si las medidas logran transformarse en una política de Estado sostenida.
Para los alcaldes, el punto central será que la intervención en barrios críticos no sea esporádica, sino permanente, coordinada y con resultados visibles para los vecinos.
