Una ampliación de querella presentada en el Juzgado de Garantía de Castro denuncia a la comunidad Cahuala, ubicada en la región de Los Lagos y con presencia en otras ciudades del país, como una presunta secta.
La acción judicial acusa que la organización habría captado durante años a personas en situación de vulnerabilidad para someterlas a explotación laboral y sexual en Chiloé.
La querella fue presentada por los exintegrantes María Jesús Carrascosa y Alfredo Urrutia, quienes solicitan ampliar una investigación iniciada en 2019 e incorporar los delitos de trata de personas y asociación destinada a cometer ese ilícito.
Los denunciantes apuntan como imputados a Enrique Urrutia Aburto y María Alejandra Pinto Martínez, sindicados como líderes de la comunidad.
Según el documento citado por BioBioChile, las presuntas víctimas habrían vivido durante 15 años en distintas sedes de la comunidad, trabajando en actividades vinculadas a colegios, sociedades agrícolas, consultoras y otros negocios sin recibir una remuneración efectiva.
La acción judicial también acusa aislamiento familiar, manipulación psicológica y control sobre aspectos centrales de la vida de los integrantes, como vivienda, trabajo, relaciones personales y sexualidad.
El abogado querellante Ignacio Zúñiga sostuvo que la investigación apunta a conductas constitutivas de trata de personas, explotación laboral y eventuales delitos sexuales.
La formalización de Enrique Urrutia y María Alejandra Pinto estaba prevista para este jueves, pero fue postergada luego de que la defensa alegara vicios en la notificación.
La nueva audiencia quedó fijada para el 2 de septiembre. Además, ante un eventual riesgo de fuga, se solicitó seguimiento de movimientos migratorios y la posibilidad de activar una alerta si los imputados intentan salir del país.
La acción judicial acusa que la organización habría captado durante años a personas en situación de vulnerabilidad para someterlas a explotación laboral y sexual en Chiloé.
La querella fue presentada por los exintegrantes María Jesús Carrascosa y Alfredo Urrutia, quienes solicitan ampliar una investigación iniciada en 2019 e incorporar los delitos de trata de personas y asociación destinada a cometer ese ilícito.
Los denunciantes apuntan como imputados a Enrique Urrutia Aburto y María Alejandra Pinto Martínez, sindicados como líderes de la comunidad.
Según el documento citado por BioBioChile, las presuntas víctimas habrían vivido durante 15 años en distintas sedes de la comunidad, trabajando en actividades vinculadas a colegios, sociedades agrícolas, consultoras y otros negocios sin recibir una remuneración efectiva.
La acción judicial también acusa aislamiento familiar, manipulación psicológica y control sobre aspectos centrales de la vida de los integrantes, como vivienda, trabajo, relaciones personales y sexualidad.
El abogado querellante Ignacio Zúñiga sostuvo que la investigación apunta a conductas constitutivas de trata de personas, explotación laboral y eventuales delitos sexuales.
La formalización de Enrique Urrutia y María Alejandra Pinto estaba prevista para este jueves, pero fue postergada luego de que la defensa alegara vicios en la notificación.
La nueva audiencia quedó fijada para el 2 de septiembre. Además, ante un eventual riesgo de fuga, se solicitó seguimiento de movimientos migratorios y la posibilidad de activar una alerta si los imputados intentan salir del país.
