Una columna de opinión puso en duda la conveniencia de rebajar los peajes como fórmula para aliviar el bolsillo, advirtiendo que una decisión así podría generar efectos negativos más profundos que el beneficio inmediato.
Según el análisis, una baja generalizada de tarifas no elimina los costos del sistema, sino que solo los traslada o posterga, obligando más adelante a compensar a las concesionarias para resguardar el equilibrio de los contratos.
En esa misma línea, también se cuestiona la idea de terminar con la sanción por circular sin TAG, ya que una señal de ese tipo podría incentivar la evasión y debilitar el funcionamiento del sistema de cobro.
La columna además plantea que una rebaja amplia de peajes no necesariamente sería una medida equitativa, considerando que el uso intensivo del automóvil y de autopistas está más concentrado en sectores de mayores ingresos.
Otro punto advertido es que abaratar el uso de estas vías podría aumentar la demanda y, con ello, empeorar la congestión, anulando parte del supuesto beneficio para los usuarios.
El texto sostiene que, si el Estado decidiera intervenir, tendría que hacerlo con recursos fiscales o alterando contratos, dos caminos que podrían tener efectos complejos sobre el presupuesto y la confianza en el modelo de concesiones.
Por eso, la conclusión es que una medida atractiva en lo político puede terminar siendo una solución aparente, con consecuencias más costosas para el país en el mediano plazo.
