Un estudio jurídico encabezado por Héctor Anabalón, de HAZ Abogados, presentó recursos de protección ante la Corte de Apelaciones de San Miguel para frenar los cobros que la Tesorería General de la República busca ejecutar contra deudores del CAE.
La acción apunta a cuestionar el mecanismo anunciado por la autoridad, especialmente la posibilidad de avanzar con embargos sobre bienes de los deudores.
Según la tesis planteada por los abogados, el Crédito con Aval del Estado no corresponde a un impuesto ni a una deuda tributaria, sino a un crédito educacional regulado por una normativa especial.
Por eso, sostienen que la Tesorería no tendría facultades para aplicar el procedimiento excepcional de ejecución y embargo contemplado en el Código Tributario.
Desde el estudio jurídico afirman que la ley del CAE remite a reglas generales de cobranza judicial y extrajudicial, y no a un sistema privilegiado que permita a la Tesorería actuar por sí sola con medidas más agresivas.
Además, advirtieron que este tipo de cobro podría afectar derechos de propiedad e igualdad ante la ley, al someter a los deudores del CAE a un régimen más duro que el previsto para este tipo de obligaciones.
Con esto, el conflicto por el cobro de las deudas estudiantiles escaló a tribunales y abre un nuevo frente judicial sobre el alcance real de las facultades de la Tesorería.
