La Unión Europea comenzará a aplicar nuevas exigencias de transparencia para contenidos creados o modificados con inteligencia artificial.
La medida forma parte de su Ley de Inteligencia Artificial y empezará a regir el 2 de agosto.
Entre las obligaciones más relevantes está identificar determinados contenidos generados con IA, como imágenes, videos, audios y, en algunos casos, textos vinculados a asuntos de interés público.
El objetivo es que las personas puedan reconocer cuándo interactúan con inteligencia artificial o cuándo un contenido fue producido o alterado por esta tecnología.
La discusión ocurre en medio de una rápida expansión del uso de estas herramientas. En Chile, el estudio La Vida con IA en Chile, elaborado por Google junto a Ipsos, señala que el 71% de los chilenos ya ha usado inteligencia artificial.
El mismo informe indica que un 39% afirma emplearla frecuentemente para apoyar distintas tareas cotidianas.
Diego Fuentealba, doctor en Informática y director del Laboratorio de Inteligencia Artificial del Departamento de Contabilidad y Auditoría de la Universidad de Santiago, explicó que la normativa europea distribuye responsabilidades entre desarrolladores y usuarios.
Según el académico, empresas como OpenAI, Google o Anthropic deberán incorporar mecanismos técnicos que permitan identificar contenido generado por inteligencia artificial.
También deberán facilitar herramientas gratuitas para detectar contenido sintético, es decir, creado con IA.
Fuentealba señaló que quienes utilicen estas plataformas en contextos profesionales o públicos deberán informar de forma visible cuando publiquen deepfakes o textos generados con IA sobre asuntos de interés público.
La excepción, explicó, aplica cuando el contenido ha sido sometido a una revisión humana sustantiva y existe una persona o institución que asume responsabilidad editorial por el resultado final.
En Chile, el avance regulatorio aún es gradual. El principal proyecto sobre inteligencia artificial ingresó al Congreso en 2024 y considera principios como niveles de riesgo, transparencia, supervisión humana y protección de derechos.
También existen iniciativas vinculadas a deepfakes, imitación digital no consentida de imagen o voz, propiedad intelectual, derechos del consumidor y protección de datos personales.
El principal desafío, advierten los expertos, será contar con capacidades reales para fiscalizar el cumplimiento de futuras normas.
Elise Servajean, directora de ADA Plataforma de Investigación Acelerada con IA de la Universidad Andrés Bello, sostuvo que transparencia e innovación no son fuerzas opuestas.
La investigadora planteó que el problema aparece cuando se regula pensando en un caso específico, como los deepfakes, y luego se aplica ese mismo criterio a contextos donde la IA no busca engañar.
La medida forma parte de su Ley de Inteligencia Artificial y empezará a regir el 2 de agosto.
Entre las obligaciones más relevantes está identificar determinados contenidos generados con IA, como imágenes, videos, audios y, en algunos casos, textos vinculados a asuntos de interés público.
El objetivo es que las personas puedan reconocer cuándo interactúan con inteligencia artificial o cuándo un contenido fue producido o alterado por esta tecnología.
La discusión ocurre en medio de una rápida expansión del uso de estas herramientas. En Chile, el estudio La Vida con IA en Chile, elaborado por Google junto a Ipsos, señala que el 71% de los chilenos ya ha usado inteligencia artificial.
El mismo informe indica que un 39% afirma emplearla frecuentemente para apoyar distintas tareas cotidianas.
Diego Fuentealba, doctor en Informática y director del Laboratorio de Inteligencia Artificial del Departamento de Contabilidad y Auditoría de la Universidad de Santiago, explicó que la normativa europea distribuye responsabilidades entre desarrolladores y usuarios.
Según el académico, empresas como OpenAI, Google o Anthropic deberán incorporar mecanismos técnicos que permitan identificar contenido generado por inteligencia artificial.
También deberán facilitar herramientas gratuitas para detectar contenido sintético, es decir, creado con IA.
Fuentealba señaló que quienes utilicen estas plataformas en contextos profesionales o públicos deberán informar de forma visible cuando publiquen deepfakes o textos generados con IA sobre asuntos de interés público.
La excepción, explicó, aplica cuando el contenido ha sido sometido a una revisión humana sustantiva y existe una persona o institución que asume responsabilidad editorial por el resultado final.
En Chile, el avance regulatorio aún es gradual. El principal proyecto sobre inteligencia artificial ingresó al Congreso en 2024 y considera principios como niveles de riesgo, transparencia, supervisión humana y protección de derechos.
También existen iniciativas vinculadas a deepfakes, imitación digital no consentida de imagen o voz, propiedad intelectual, derechos del consumidor y protección de datos personales.
El principal desafío, advierten los expertos, será contar con capacidades reales para fiscalizar el cumplimiento de futuras normas.
Elise Servajean, directora de ADA Plataforma de Investigación Acelerada con IA de la Universidad Andrés Bello, sostuvo que transparencia e innovación no son fuerzas opuestas.
La investigadora planteó que el problema aparece cuando se regula pensando en un caso específico, como los deepfakes, y luego se aplica ese mismo criterio a contextos donde la IA no busca engañar.
