El Gobierno prepara acciones para cobrar millonarias deudas asociadas a incumplimientos del programa Becas Chile, luego de una auditoría solicitada por el Ministerio de Ciencia.
El análisis revisó más de 2 millones de datos correspondientes a 12 mil becas entregadas entre 2008 y 2025, periodo en que el programa financió estudios de postgrado y formación avanzada, principalmente en el extranjero.
Según los antecedentes, se detectaron más de 1.800 beneficiarios que no habrían cumplido los compromisos pactados. Entre los casos aparecen becarios de doctorado que debían regresar al país hace más de una década, pero cuyo retorno no ha sido acreditado.
La deuda total asociada a estos incumplimientos llegaría a cerca de $100 mil millones. De ese monto, un 70% correspondería a personas que no han demostrado su regreso a Chile, una de las principales obligaciones del beneficio.
Becas Chile es administrado actualmente por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, ANID, dependiente del Ministerio de Ciencia. El programa contempla financiamiento para doctorados, magísteres, postdoctorados y otras líneas de formación avanzada.
Aunque las condiciones varían según cada beca, parte de los compromisos exige que los beneficiarios regresen al país en un plazo de dos a cuatro años tras finalizar sus estudios. Una vez en Chile, deben permanecer por el doble del tiempo que duró el beneficio.
A raíz de la auditoría, el Ministerio de Ciencia ya inició llamados para que los becarios retornen al país o restituyan los montos correspondientes.
Además, la ministra Ximena Lincolao informó que se avanza en la judicialización de los casos que correspondan y que se trabaja con la Policía de Investigaciones para ubicar a personas con las que no se ha logrado establecer contacto.
En paralelo, las convocatorias 2026 de Becas Chile fueron suspendidas hasta contar con el informe final, que será entregado a la Comisión de Ciencia de la Cámara.
El caso se suma al foco de cobros impulsado por el Gobierno en materia de deudas estudiantiles, mientras desde el Congreso algunos parlamentarios respaldan exigir la restitución de los recursos y otros advierten que el proceso no debe afectar el acceso futuro a formación avanzada.
