La ciudad de Penco, en la región del Biobío, vivirá este lunes una jornada clave para el proyecto de extracción de tierras raras que busca instalarse en la zona tras más de una década de tramitaciones.
La Comisión de Evaluación Ambiental del Biobío votará la eventual continuidad de la iniciativa, luego de que el Servicio de Evaluación Ambiental emitiera una recomendación favorable al plan.
El proyecto contempla tres zonas de extracción y considera iniciar su construcción en enero de 2027. Su etapa de operación se extendería entre 2029 y 2034, con un cierre previsto para 2035.
Las tierras raras son elementos usados en tecnologías avanzadas como vehículos eléctricos, sistemas de almacenamiento energético y aerogeneradores. Sus impulsores sostienen que la iniciativa podría posicionar al Biobío en la minería vinculada a la transición energética.
Representantes del sector privado y autoridades regionales han destacado el eventual impacto económico, la creación de empleos y el cumplimiento técnico de la normativa ambiental durante la evaluación.
Sin embargo, organizaciones comunales y ambientales cuestionan los posibles efectos sobre el territorio. Entre sus preocupaciones están la cercanía de las faenas a zonas pobladas, eventuales riesgos para napas subterráneas y remociones de tierra en sectores sensibles.
Si el proyecto es aprobado, quienes participaron con observaciones podrán presentar recursos de reclamación en un plazo de 30 días, lo que podría llevar la discusión hasta el Comité de Ministros.
La Comisión de Evaluación Ambiental del Biobío votará la eventual continuidad de la iniciativa, luego de que el Servicio de Evaluación Ambiental emitiera una recomendación favorable al plan.
El proyecto contempla tres zonas de extracción y considera iniciar su construcción en enero de 2027. Su etapa de operación se extendería entre 2029 y 2034, con un cierre previsto para 2035.
Las tierras raras son elementos usados en tecnologías avanzadas como vehículos eléctricos, sistemas de almacenamiento energético y aerogeneradores. Sus impulsores sostienen que la iniciativa podría posicionar al Biobío en la minería vinculada a la transición energética.
Representantes del sector privado y autoridades regionales han destacado el eventual impacto económico, la creación de empleos y el cumplimiento técnico de la normativa ambiental durante la evaluación.
Sin embargo, organizaciones comunales y ambientales cuestionan los posibles efectos sobre el territorio. Entre sus preocupaciones están la cercanía de las faenas a zonas pobladas, eventuales riesgos para napas subterráneas y remociones de tierra en sectores sensibles.
Si el proyecto es aprobado, quienes participaron con observaciones podrán presentar recursos de reclamación en un plazo de 30 días, lo que podría llevar la discusión hasta el Comité de Ministros.
