Minvu responde a querella por reconstrucción en El Olivar y defiende legalidad del proceso

La cartera rechazó las acusaciones de Social Arquitectura y aseguró que las decisiones adoptadas buscan resguardar los recursos públicos y la seguridad de las familias damnificadas.

El Ministerio de Vivienda y Urbanismo rechazó la querella presentada por la entidad patrocinante Social Arquitectura, en el marco del proceso de reconstrucción tras el incendio que afectó al sector El Olivar, en Viña del Mar.

A través de un comunicado, la cartera sostuvo que todas las decisiones tomadas se han basado en antecedentes técnicos, normativa vigente y en el resguardo de los recursos públicos, además de la seguridad de las familias damnificadas.

Desde el Minvu explicaron que los informes técnicos elaborados por los Fiscalizadores Técnicos de Obra del Serviu de Valparaíso corresponden a actos emitidos por organismos competentes, descartando una falsificación. En caso de existir errores administrativos, señalaron que deben ser revisados por las instancias regionales correspondientes.

La cartera también desestimó las acusaciones de coacción, afirmando que sus actuaciones se han realizado dentro de sus atribuciones legales. En esa línea, defendió el rol del ministro de Vivienda, Iván Poduje, indicando que ha ejercido su función de supervigilancia conforme a la normativa vigente.

Respecto a la acusación de eventual fraude al fisco, el ministerio sostuvo que no tendría lógica, ya que su intervención ha buscado evitar que el Estado continúe financiando proyectos con observaciones o fallas de diseño.

El Minvu recordó además que, antes de la querella de Social Arquitectura, el propio ministro Poduje presentó una denuncia ante el Ministerio Público contra la constructora San Sebastián Ltda. y la entidad patrocinante, por eventuales delitos como fraude al fisco, estafa y uso malicioso de certificaciones, entre otros.

Según la cartera, todos los antecedentes ya fueron puestos a disposición de la Fiscalía y del Consejo de Defensa del Estado, por lo que serán los tribunales quienes deberán determinar eventuales responsabilidades.

Finalmente, el ministerio enfatizó que las 356 viviendas involucradas corresponden a familias que perdieron sus hogares en el incendio del 2 de febrero de 2024, reiterando que su prioridad es avanzar en soluciones habitacionales dignas, seguras y bien construidas.

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