La política de recortes del Gobierno de José Antonio Kast escaló a una nueva controversia política, luego de que se conocieran antecedentes sobre ajustes propuestos por Hacienda en distintos programas públicos.
La polémica se intensificó tras la ratificación de un recorte superior a los $32 mil millones en el Ministerio de Desarrollo Social, afectando programas vinculados al ex Sename, CONADI, INJUV, Chile Crece Contigo y el ajuar para recién nacidos.
A eso se suma una propuesta más amplia de Hacienda que considera ajustes en 260 programas, incluyendo una eventual disminución asociada a la Pensión Garantizada Universal, pensiones del sistema de reparto, transporte público metropolitano, Crédito con Aval del Estado y Subsidio Familiar.
Desde el Gobierno han insistido en que estos documentos corresponden a sugerencias para el Presupuesto 2027 y no a recortes del presupuesto actual. El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, aseguró que ningún pensionado se verá directamente afectado y que el foco estará puesto en combatir el malgasto y el llamado fraude social.
El presidente José Antonio Kast también salió a defender la postura del Ejecutivo, asegurando que no habrá recortes que afecten beneficios sociales.
Sin embargo, las críticas se multiplicaron. Desde la oposición acusaron una ruptura de promesas de campaña y algunos parlamentarios incluso pidieron la salida del ministro Quiroz. El Frente Amplio, además, ofició a Hacienda para exigir que se transparenten decretos vinculados a recortes del presupuesto actual.
Uno de los puntos más cuestionados ha sido el ajuste al programa de ajuares para recién nacidos y al Diagnóstico Clínico Especializado del Servicio Mejor Niñez. El subsecretario de Niñez, Marcelo Sánchez, explicó que parte de los ajuares habría terminado en bodegas, argumento que no logró cerrar la controversia.
Las críticas también llegaron desde Chile Vamos. Parlamentarios oficialistas pidieron mayor claridad y orden comunicacional al Gobierno, advirtiendo que no respaldan recortes a beneficios sociales.
Con este escenario, La Moneda enfrenta una presión creciente por explicar el alcance real de su política de austeridad, diferenciar propuestas técnicas de decisiones efectivas y evitar que la discusión presupuestaria se transforme en una crisis política mayor.
