Poduje lleva a Fiscalía denuncia por presuntas irregularidades en reconstrucción de El Olivar

El Minvu denunció posibles delitos en el proceso de reconstrucción de viviendas afectadas por el megaincendio en Viña del Mar, apuntando a una constructora por eventuales fallas, cambios no autorizados y uso indebido de certificaciones.

El Ministerio de Vivienda y Urbanismo presentó una denuncia ante la Fiscalía Regional de Valparaíso por una serie de hechos que podrían constituir delitos en la reconstrucción de viviendas del sector El Olivar, en Viña del Mar, zona afectada por el megaincendio de febrero de 2024.

La acción fue impulsada por el ministro Iván Poduje y apunta a presuntas irregularidades vinculadas a la Constructora San Sebastián y otras entidades que participan en el proyecto habitacional financiado con subsidios estatales.

Entre los antecedentes expuestos, uno de los puntos más delicados tiene relación con el uso del sistema constructivo “Fast Work”, que según el informe técnico citado en la denuncia habría sido utilizado en edificaciones de dos pisos, pese a que estaba aprobado solo para viviendas de un nivel y bajo otras condiciones.

De acuerdo con el documento, esto podría implicar riesgos estructurales en una zona de alta actividad sísmica como la región de Valparaíso. Además, se advirtieron dudas sobre el comportamiento sísmico de las viviendas, falta de elementos que aseguren rigidez estructural, uso de paneles no certificados como sismorresistentes y observaciones respecto a la resistencia al fuego.

A eso se suman cuestionamientos por incumplimientos en el aislamiento acústico entre viviendas y denuncias de familias damnificadas, que acusaron cambios unilaterales en los materiales comprometidos sin su autorización.

También se reportaron presuntas presiones económicas para evitar que los beneficiarios cambiaran de entidad patrocinante, incluyendo advertencias sobre cobros que serían descontados del subsidio habitacional.

La denuncia plantea que los hechos podrían configurar delitos como estafa agravada, fraude al fisco, uso malicioso de certificaciones, coacción, amenazas y tráfico de influencias. Ahora será la Fiscalía la que deberá determinar eventuales responsabilidades en un caso que afecta directamente a familias que esperan una solución definitiva tras la tragedia.

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