La Contraloría General de la República identificó a 485 funcionarios de la Administración Central que se encontraban suspendidos preventivamente en el marco de sumarios administrativos y continuaban recibiendo sus remuneraciones. La revisión consideró suspensiones registradas entre 2020 y marzo de 2026 y no incluyó a las municipalidades.
De acuerdo con el Consolidado de Información Circularizada N°25, 13 funcionarios acumulaban más de cuatro años en esa condición y otros 17 llevaban entre tres y cuatro años. En total, 30 casos superaban los tres años de suspensión.
El caso más prolongado corresponde a un funcionario del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, Mejor Niñez, con una suspensión estimada de cuatro años y siete meses.
La suspensión preventiva está permitida durante una investigación disciplinaria y, por regla general, no implica la pérdida del sueldo. El problema observado por la Contraloría es la extensión de algunos procesos sin una resolución oportuna ni una revisión suficiente de la necesidad de mantener la medida.
Ante estos resultados, la CGR asumirá la tramitación de los 30 sumarios que llevan más de tres años con funcionarios suspendidos. También buscará establecer eventuales responsabilidades por las demoras.
Los organismos con funcionarios suspendidos por más de un año deberán informar en 15 días hábiles si el sumario terminó, justificar la continuidad de la medida o detallar acciones concretas para acelerar su cierre.
El informe señaló que 22 funcionarios suspendidos registraron otras actividades remuneradas. También detectó 20 casos cuyos sumarios estaban a cargo de fiscales que ya no trabajaban en el respectivo servicio.
Las remuneraciones correspondientes únicamente a los diez casos de suspensión más prolongada sumaron $671 millones, según los antecedentes recopilados por la Contraloría.
La CGR recordó que las suspensiones deben revisarse periódicamente y mantenerse solo mientras sean necesarias para asegurar la investigación. Además, ordenó informar las resoluciones que las decreten o levanten a un sistema de seguimiento.
De acuerdo con el Consolidado de Información Circularizada N°25, 13 funcionarios acumulaban más de cuatro años en esa condición y otros 17 llevaban entre tres y cuatro años. En total, 30 casos superaban los tres años de suspensión.
El caso más prolongado corresponde a un funcionario del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, Mejor Niñez, con una suspensión estimada de cuatro años y siete meses.
La suspensión preventiva está permitida durante una investigación disciplinaria y, por regla general, no implica la pérdida del sueldo. El problema observado por la Contraloría es la extensión de algunos procesos sin una resolución oportuna ni una revisión suficiente de la necesidad de mantener la medida.
Ante estos resultados, la CGR asumirá la tramitación de los 30 sumarios que llevan más de tres años con funcionarios suspendidos. También buscará establecer eventuales responsabilidades por las demoras.
Los organismos con funcionarios suspendidos por más de un año deberán informar en 15 días hábiles si el sumario terminó, justificar la continuidad de la medida o detallar acciones concretas para acelerar su cierre.
El informe señaló que 22 funcionarios suspendidos registraron otras actividades remuneradas. También detectó 20 casos cuyos sumarios estaban a cargo de fiscales que ya no trabajaban en el respectivo servicio.
Las remuneraciones correspondientes únicamente a los diez casos de suspensión más prolongada sumaron $671 millones, según los antecedentes recopilados por la Contraloría.
La CGR recordó que las suspensiones deben revisarse periódicamente y mantenerse solo mientras sean necesarias para asegurar la investigación. Además, ordenó informar las resoluciones que las decreten o levanten a un sistema de seguimiento.
