El 11 de septiembre de 1973 marcó un quiebre profundo de la democracia chilena. A 53 años de aquel día, recordar nuestra historia no debiera ser un ejercicio para profundizar divisiones, sino una oportunidad para aprender de ella y reafirmar un compromiso que debe estar por sobre cualquier diferencia política: la defensa de la democracia.
Quienes nacimos después de 1973 no vivimos personalmente aquellos años. Nuestra aproximación necesariamente proviene de los testimonios, los documentos y la historia. Esa distancia generacional, sin embargo, no nos exime de analizar lo ocurrido con responsabilidad, intentando alejarnos tanto de las idealizaciones como de las justificaciones.
Chile llegó a 1973 después de años de creciente polarización. Entre 1970 y 1973 existieron graves errores políticos, malas decisiones, conflictos institucionales y un clima de enfrentamiento que fue deteriorando progresivamente la convivencia democrática.
Todo aquello puede y debe ser estudiado, discutido y analizado. Una sociedad democrática tiene derecho a revisar críticamente la actuación de sus gobiernos, instituciones y dirigentes, sin convertir la historia en un relato intocable ni acomodarla a las conveniencias políticas del presente.
Pero reconocer ese contexto tampoco puede significar relativizar lo que ocurrió posteriormente.
El 11 de septiembre de 1973 se produjo un golpe de Estado y en Chile se instauró una dictadura. Se quebró el orden democrático, el Congreso Nacional fue disuelto, las libertades públicas fueron severamente restringidas y durante ese período se cometieron graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos.
Llamar a las cosas por su nombre no significa pertenecer a un sector político. Significa asumir nuestra historia.
Probablemente una de las enseñanzas más importantes que nos dejó aquel período es el enorme peligro que representan los fanatismos y la convicción de que un determinado objetivo político puede justificar cualquier medio.
La historia mundial está llena de ejemplos en que los extremos, tanto de derecha como de izquierda, terminaron sacrificando las libertades individuales, la convivencia y la propia democracia en nombre de una supuesta causa superior.
Por eso, nuestra línea editorial ha buscado siempre valorar el diálogo, la tolerancia y el respeto hacia quien piensa distinto. Una democracia verdadera no consiste en que todos pensemos igual, sino precisamente en ser capaces de convivir, debatir y resolver nuestras diferencias sin transformar al adversario político en un enemigo.
Los derechos humanos tampoco pueden depender de quién gobierna ni de quién es la víctima. Su defensa debe ser irrestricta y universal.
A 53 años del 11 de septiembre de 1973, Chile todavía mantiene diferencias profundas respecto de aquel período. Es legítimo que existan distintas interpretaciones políticas sobre las causas, responsabilidades y acontecimientos que antecedieron al quiebre democrático. Lo que no deberíamos discutir es el valor de la democracia como espacio común para resolver nuestras diferencias.
Recordar el 11 de septiembre no debería servir para seguir dividiendo a Chile entre vencedores y vencidos, ni entre buenos y malos. Debería servir para aprender.
Aprender que ninguna crisis política justifica abandonar la democracia. Que ningún proyecto ideológico está por encima de los derechos fundamentales. Que ningún adversario político debe convertirse en enemigo. Y que cuando una sociedad deja de escucharse y comienza a justificar la violencia, todos terminamos perdiendo.
Esa quizás sea la principal responsabilidad de nuestra generación: mirar el pasado sin odio, pero también sin olvido.
Porque podemos discrepar profundamente sobre el Chile que queremos construir.
Lo que nunca deberíamos volver a poner en discusión es que ese Chile debe construirse siempre en democracia.
Editorial — QUÉ TAL NOTICIAS
11 de septiembre de 2026
Quienes nacimos después de 1973 no vivimos personalmente aquellos años. Nuestra aproximación necesariamente proviene de los testimonios, los documentos y la historia. Esa distancia generacional, sin embargo, no nos exime de analizar lo ocurrido con responsabilidad, intentando alejarnos tanto de las idealizaciones como de las justificaciones.
Chile llegó a 1973 después de años de creciente polarización. Entre 1970 y 1973 existieron graves errores políticos, malas decisiones, conflictos institucionales y un clima de enfrentamiento que fue deteriorando progresivamente la convivencia democrática.
Todo aquello puede y debe ser estudiado, discutido y analizado. Una sociedad democrática tiene derecho a revisar críticamente la actuación de sus gobiernos, instituciones y dirigentes, sin convertir la historia en un relato intocable ni acomodarla a las conveniencias políticas del presente.
Pero reconocer ese contexto tampoco puede significar relativizar lo que ocurrió posteriormente.
El 11 de septiembre de 1973 se produjo un golpe de Estado y en Chile se instauró una dictadura. Se quebró el orden democrático, el Congreso Nacional fue disuelto, las libertades públicas fueron severamente restringidas y durante ese período se cometieron graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos.
Llamar a las cosas por su nombre no significa pertenecer a un sector político. Significa asumir nuestra historia.
Probablemente una de las enseñanzas más importantes que nos dejó aquel período es el enorme peligro que representan los fanatismos y la convicción de que un determinado objetivo político puede justificar cualquier medio.
La historia mundial está llena de ejemplos en que los extremos, tanto de derecha como de izquierda, terminaron sacrificando las libertades individuales, la convivencia y la propia democracia en nombre de una supuesta causa superior.
Por eso, nuestra línea editorial ha buscado siempre valorar el diálogo, la tolerancia y el respeto hacia quien piensa distinto. Una democracia verdadera no consiste en que todos pensemos igual, sino precisamente en ser capaces de convivir, debatir y resolver nuestras diferencias sin transformar al adversario político en un enemigo.
Los derechos humanos tampoco pueden depender de quién gobierna ni de quién es la víctima. Su defensa debe ser irrestricta y universal.
A 53 años del 11 de septiembre de 1973, Chile todavía mantiene diferencias profundas respecto de aquel período. Es legítimo que existan distintas interpretaciones políticas sobre las causas, responsabilidades y acontecimientos que antecedieron al quiebre democrático. Lo que no deberíamos discutir es el valor de la democracia como espacio común para resolver nuestras diferencias.
Recordar el 11 de septiembre no debería servir para seguir dividiendo a Chile entre vencedores y vencidos, ni entre buenos y malos. Debería servir para aprender.
Aprender que ninguna crisis política justifica abandonar la democracia. Que ningún proyecto ideológico está por encima de los derechos fundamentales. Que ningún adversario político debe convertirse en enemigo. Y que cuando una sociedad deja de escucharse y comienza a justificar la violencia, todos terminamos perdiendo.
Esa quizás sea la principal responsabilidad de nuestra generación: mirar el pasado sin odio, pero también sin olvido.
Porque podemos discrepar profundamente sobre el Chile que queremos construir.
Lo que nunca deberíamos volver a poner en discusión es que ese Chile debe construirse siempre en democracia.
Editorial — QUÉ TAL NOTICIAS
11 de septiembre de 2026
