Gobierno no realizará acto oficial por el 11 de septiembre y Kast mantendrá agenda habitual

La Moneda defendió la decisión de no realizar una conmemoración institucional y puso el foco en seguridad ante posibles movilizaciones.

El Gobierno no realizará un acto oficial o institucional por el 11 de septiembre en el Palacio de La Moneda.

La decisión marca una diferencia con las conmemoraciones realizadas por los gobiernos desde el retorno a la democracia.

Tampoco está contemplado que el presidente José Antonio Kast entregue un mensaje a la nación o participe de una ceremonia ecuménica.

El Mandatario mantendrá una agenda habitual durante este viernes 11 de septiembre.

Según los antecedentes entregados, Kast estará desplegado en terreno con actividades en la Región de Los Ríos.

Desde La Moneda defendieron la definición y señalaron que el Ejecutivo busca concentrarse en los desafíos actuales.

El biministro Claudio Alvarado planteó que el Gobierno apunta a mirar hacia adelante y priorizar las necesidades de las personas.

La jornada también tendrá un foco especial en seguridad.

El ministro de Seguridad, Martín Arrau, estará a cargo de coordinar el despliegue policial ante eventuales movilizaciones y desórdenes.

Entre los puntos bajo monitoreo en la Región Metropolitana figuran Villa Francia, en Estación Central; Bajos de Mena, en Puente Alto; y sectores de Avenida Colón y Padre Hurtado, en San Bernardo.

La decisión generó reacciones tanto en el oficialismo como en la oposición.

Desde sectores afines al Gobierno se respaldó la idea de abordar la fecha desde una mirada histórica más amplia.

En la oposición, en cambio, hubo llamados al Presidente a considerar que gobierna para todos los chilenos, incluidas las familias de víctimas de la dictadura.

El 11 de septiembre recuerda el golpe de Estado de 1973, cuando las Fuerzas Armadas encabezadas por Augusto Pinochet derrocaron al gobierno constitucional de Salvador Allende.

Ese hecho dio inicio a una dictadura que se extendió hasta 1990.

Los informes oficiales reconocen 40.175 víctimas calificadas, entre ejecutados políticos, detenidos desaparecidos y personas afectadas por prisión política y tortura.

Desde el retorno a la democracia, los gobiernos han realizado conmemoraciones oficiales orientadas a preservar la memoria, promover los derechos humanos y reafirmar el compromiso democrático.
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