El Fisco podría desembolsar más de $38 mil millones durante 2026 por compensaciones asociadas a la sobrepoblación en cárceles concesionadas.
La estimación considera informes oficiales, fórmulas contractuales y pagos anteriores vinculados al funcionamiento de estos recintos.
El monto proyectado corresponde solo a compensaciones por hacinamiento y no incluye otros costos asociados al sistema penitenciario.
En marzo pasado, el Estado pagó $16.252 millones a sociedades concesionarias por la sobrepoblación registrada durante el segundo semestre de 2025.
A fines de septiembre debería concretarse un nuevo desembolso, debido a que los niveles de ocupación no han disminuido.
El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos confirmó que nuevamente se pagará la compensación y anticipó montos similares a los de marzo.
El sistema de cárceles concesionadas funciona con contratos que contemplan compensaciones cuando la cantidad de internos supera la capacidad pactada para cada recinto.
Los pagos se realizan dos veces al año, en marzo y septiembre, aunque la fórmula de cálculo varía según el grupo concesionado.
El caso más crítico del segundo semestre de 2025 fue el Centro de Detención Preventiva Santiago 1.
Ese recinto operó en promedio a un 158,9% de su capacidad, casi 59% por sobre las 4 mil plazas establecidas en el contrato.
Solo por la sobrepoblación de Santiago 1, el Estado debió pagar cerca de $3.858 millones.
También generaron compensaciones recintos como Alto Hospicio, Antofagasta, Bío Bío, Rancagua, La Serena y Puerto Montt.
La tendencia muestra un aumento acelerado del gasto.
En marzo de 2025, el Fisco pagó cerca de $3.755 millones por este concepto.
En septiembre de ese mismo año, el monto subió a $4.467 millones.
El salto más fuerte ocurrió en marzo de 2026, cuando las compensaciones llegaron a $16.252 millones.
El exdirector nacional de Gendarmería Christian Alveal calificó estos pagos como multas draconianas y planteó que el modelo debe ser revisado.
A su juicio, el problema no está necesariamente en construir cárceles mediante concesiones, sino en entregar la operación de los recintos a privados bajo contratos que mantienen este tipo de compensaciones.
El Ministerio de Justicia reconoció que el sistema carcelario no tiene hoy opciones de evitar la sobrepoblación y el hacinamiento.
Como respuesta, la cartera apunta al Plan Maestro de Infraestructura Penitenciaria, que contempla nuevas plazas en Talca, Copiapó, Calama, Antofagasta y ampliaciones en otros recintos.
Si el nivel de gasto proyectado para 2026 se mantuviera, en menos de seis años el Estado habría pagado por sobrepoblación el equivalente aproximado al costo de construir una cárcel como la de Talca.
Pese a los cuestionamientos, Justicia sostuvo que mantendrá el modelo de concesiones, aunque con modificaciones en nuevos proyectos y en áreas como reinserción social.
La estimación considera informes oficiales, fórmulas contractuales y pagos anteriores vinculados al funcionamiento de estos recintos.
El monto proyectado corresponde solo a compensaciones por hacinamiento y no incluye otros costos asociados al sistema penitenciario.
En marzo pasado, el Estado pagó $16.252 millones a sociedades concesionarias por la sobrepoblación registrada durante el segundo semestre de 2025.
A fines de septiembre debería concretarse un nuevo desembolso, debido a que los niveles de ocupación no han disminuido.
El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos confirmó que nuevamente se pagará la compensación y anticipó montos similares a los de marzo.
El sistema de cárceles concesionadas funciona con contratos que contemplan compensaciones cuando la cantidad de internos supera la capacidad pactada para cada recinto.
Los pagos se realizan dos veces al año, en marzo y septiembre, aunque la fórmula de cálculo varía según el grupo concesionado.
El caso más crítico del segundo semestre de 2025 fue el Centro de Detención Preventiva Santiago 1.
Ese recinto operó en promedio a un 158,9% de su capacidad, casi 59% por sobre las 4 mil plazas establecidas en el contrato.
Solo por la sobrepoblación de Santiago 1, el Estado debió pagar cerca de $3.858 millones.
También generaron compensaciones recintos como Alto Hospicio, Antofagasta, Bío Bío, Rancagua, La Serena y Puerto Montt.
La tendencia muestra un aumento acelerado del gasto.
En marzo de 2025, el Fisco pagó cerca de $3.755 millones por este concepto.
En septiembre de ese mismo año, el monto subió a $4.467 millones.
El salto más fuerte ocurrió en marzo de 2026, cuando las compensaciones llegaron a $16.252 millones.
El exdirector nacional de Gendarmería Christian Alveal calificó estos pagos como multas draconianas y planteó que el modelo debe ser revisado.
A su juicio, el problema no está necesariamente en construir cárceles mediante concesiones, sino en entregar la operación de los recintos a privados bajo contratos que mantienen este tipo de compensaciones.
El Ministerio de Justicia reconoció que el sistema carcelario no tiene hoy opciones de evitar la sobrepoblación y el hacinamiento.
Como respuesta, la cartera apunta al Plan Maestro de Infraestructura Penitenciaria, que contempla nuevas plazas en Talca, Copiapó, Calama, Antofagasta y ampliaciones en otros recintos.
Si el nivel de gasto proyectado para 2026 se mantuviera, en menos de seis años el Estado habría pagado por sobrepoblación el equivalente aproximado al costo de construir una cárcel como la de Talca.
Pese a los cuestionamientos, Justicia sostuvo que mantendrá el modelo de concesiones, aunque con modificaciones en nuevos proyectos y en áreas como reinserción social.
