Organizaciones socioambientales buscan que el eventual data center de Google en Cerrillos sea sometido al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.
El proyecto contempla una inversión estimada de US$200 millones y es impulsado por Inversiones y Servicios Dataluna Ltda., filial de Google en Chile.
El Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales y el Movimiento Socioambiental Comunitario por el Agua y el Territorio presentaron antecedentes ante el Servicio de Evaluación Ambiental.
Las organizaciones cuestionan que la compañía tramite como nueva una iniciativa ubicada en el mismo terreno donde antes intentó levantar un centro de datos cuya autorización fue parcialmente anulada por la justicia.
Según un documento del SEA, el 17 de junio la empresa presentó una consulta de pertinencia denominada “Data Center Cerrillos”.
La consulta busca que el organismo determine si el proyecto debe ingresar o no al sistema de evaluación ambiental.
Este trámite no constituye una autorización ambiental, sino un procedimiento previo para resolver si la iniciativa debe ser evaluada formalmente.
Google señaló que el proyecto fue rediseñado completamente y que ahora considera un sistema de enfriamiento por aire.
La empresa también indicó que la presentación administrativa es necesaria en caso de que decida avanzar con el proyecto en el futuro.
De acuerdo con los antecedentes, la iniciativa considera un predio de cerca de 23 hectáreas en Camino a Lonquén, además de edificios, grupos electrógenos, sistemas de enfriamiento, una subestación y túneles eléctricos subterráneos.
El proyecto anterior, aprobado en 2020, contemplaba extraer hasta 169 litros de agua por segundo desde el Acuífero Santiago Central para refrigerar servidores.
En 2024, el Segundo Tribunal Ambiental anuló parcialmente ese permiso por falta de antecedentes para descartar impactos significativos sobre el acuífero.
Posteriormente, Google renunció a esa autorización ambiental, argumentando que el proyecto no se ejecutaría en los términos aprobados.
Las organizaciones sostienen que, pese al rediseño, se mantienen elementos como el titular, la inversión, el terreno, la finalidad y parte de la infraestructura.
También pidieron revisar aspectos como los 44 grupos electrógenos, el uso de refrigerantes, la conexión eléctrica y eventuales efectos sobre humedales cercanos.
Ahora, el SEA deberá analizar los antecedentes y resolver si el proyecto está obligado a someterse a evaluación ambiental.
El proyecto contempla una inversión estimada de US$200 millones y es impulsado por Inversiones y Servicios Dataluna Ltda., filial de Google en Chile.
El Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales y el Movimiento Socioambiental Comunitario por el Agua y el Territorio presentaron antecedentes ante el Servicio de Evaluación Ambiental.
Las organizaciones cuestionan que la compañía tramite como nueva una iniciativa ubicada en el mismo terreno donde antes intentó levantar un centro de datos cuya autorización fue parcialmente anulada por la justicia.
Según un documento del SEA, el 17 de junio la empresa presentó una consulta de pertinencia denominada “Data Center Cerrillos”.
La consulta busca que el organismo determine si el proyecto debe ingresar o no al sistema de evaluación ambiental.
Este trámite no constituye una autorización ambiental, sino un procedimiento previo para resolver si la iniciativa debe ser evaluada formalmente.
Google señaló que el proyecto fue rediseñado completamente y que ahora considera un sistema de enfriamiento por aire.
La empresa también indicó que la presentación administrativa es necesaria en caso de que decida avanzar con el proyecto en el futuro.
De acuerdo con los antecedentes, la iniciativa considera un predio de cerca de 23 hectáreas en Camino a Lonquén, además de edificios, grupos electrógenos, sistemas de enfriamiento, una subestación y túneles eléctricos subterráneos.
El proyecto anterior, aprobado en 2020, contemplaba extraer hasta 169 litros de agua por segundo desde el Acuífero Santiago Central para refrigerar servidores.
En 2024, el Segundo Tribunal Ambiental anuló parcialmente ese permiso por falta de antecedentes para descartar impactos significativos sobre el acuífero.
Posteriormente, Google renunció a esa autorización ambiental, argumentando que el proyecto no se ejecutaría en los términos aprobados.
Las organizaciones sostienen que, pese al rediseño, se mantienen elementos como el titular, la inversión, el terreno, la finalidad y parte de la infraestructura.
También pidieron revisar aspectos como los 44 grupos electrógenos, el uso de refrigerantes, la conexión eléctrica y eventuales efectos sobre humedales cercanos.
Ahora, el SEA deberá analizar los antecedentes y resolver si el proyecto está obligado a someterse a evaluación ambiental.
