El Gobierno propuso aplazar por un año la entrada en vigencia de la nueva Ley de Protección de Datos Personales.
La iniciativa busca que la normativa comience a regir el 1 de diciembre de 2027, en lugar de hacerlo a fines de este año.
El Ejecutivo argumenta que se requiere más tiempo para contar con condiciones institucionales, regulatorias y operativas adecuadas para su implementación.
La Ley N° 21.719 tendrá impacto en organismos públicos, empresas, fundaciones y otras entidades que realizan tratamiento de datos personales.
Desde el Gobierno sostienen que el objetivo no es reducir la protección de los datos, sino asegurar que la nueva legislación funcione correctamente desde el primer día.
El proyecto también propone cambios a la futura Agencia de Protección de Datos Personales, entre ellos aumentar de tres a cinco los integrantes de su Consejo Directivo y fijar un quórum de tres miembros.
Además, se plantea adelantar la designación del primer Consejo para que la Agencia pueda iniciar anticipadamente su instalación y avanzar en normas secundarias, criterios y estándares.
El período adicional permitiría que organismos estatales, municipalidades, servicios públicos y entidades privadas adapten sus sistemas y procesos a las nuevas obligaciones.
La iniciativa busca que la normativa comience a regir el 1 de diciembre de 2027, en lugar de hacerlo a fines de este año.
El Ejecutivo argumenta que se requiere más tiempo para contar con condiciones institucionales, regulatorias y operativas adecuadas para su implementación.
La Ley N° 21.719 tendrá impacto en organismos públicos, empresas, fundaciones y otras entidades que realizan tratamiento de datos personales.
Desde el Gobierno sostienen que el objetivo no es reducir la protección de los datos, sino asegurar que la nueva legislación funcione correctamente desde el primer día.
El proyecto también propone cambios a la futura Agencia de Protección de Datos Personales, entre ellos aumentar de tres a cinco los integrantes de su Consejo Directivo y fijar un quórum de tres miembros.
Además, se plantea adelantar la designación del primer Consejo para que la Agencia pueda iniciar anticipadamente su instalación y avanzar en normas secundarias, criterios y estándares.
El período adicional permitiría que organismos estatales, municipalidades, servicios públicos y entidades privadas adapten sus sistemas y procesos a las nuevas obligaciones.
