La decisión del Gobierno de poner fin a concesiones vinculadas a corredores de transporte en el Gran Concepción abrió cuestionamientos desde Europa y reactivó el debate sobre certeza jurídica para inversionistas.
El caso involucra a Azvi, grupo empresarial español del área de la construcción y obras públicas, que mantenía proyectos asociados a las rutas 160 y 150-Autopista Concepción-Talcahuano.
Las iniciativas contemplaban inversiones cercanas a US$400 millones y buscaban desarrollar corredores de transporte público en la región del Bío Bío.
La empresa había ofrecido reducir en cerca de 20% el costo de los proyectos para mantener las concesiones, lo que habría significado un ahorro aproximado de US$80 millones respecto del monto original.
Sin embargo, el Ejecutivo optó por ejecutar las obras mediante inversión pública, a través de la Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas.
El argumento del Gobierno apunta a que el nuevo mecanismo permitiría reducir en más de 20% los costos de inversión, aunque también implicaría eventuales retrasos de entre dos y once meses.
Medios especializados en España plantearon que la decisión podría ser vista como una señal de alerta para empresas interesadas en invertir en infraestructura en Chile.
El gobernador del Bío Bío, Sergio Giacaman, lamentó que el Gobierno dejara atrás el modelo de concesión y afirmó que este tipo de cambios genera dudas para las compañías interesadas en ejecutar obras.
La autoridad regional aseguró que fiscalizarán los compromisos y plazos informados por el Ejecutivo para los corredores de las rutas 160 y 150.
El caso involucra a Azvi, grupo empresarial español del área de la construcción y obras públicas, que mantenía proyectos asociados a las rutas 160 y 150-Autopista Concepción-Talcahuano.
Las iniciativas contemplaban inversiones cercanas a US$400 millones y buscaban desarrollar corredores de transporte público en la región del Bío Bío.
La empresa había ofrecido reducir en cerca de 20% el costo de los proyectos para mantener las concesiones, lo que habría significado un ahorro aproximado de US$80 millones respecto del monto original.
Sin embargo, el Ejecutivo optó por ejecutar las obras mediante inversión pública, a través de la Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas.
El argumento del Gobierno apunta a que el nuevo mecanismo permitiría reducir en más de 20% los costos de inversión, aunque también implicaría eventuales retrasos de entre dos y once meses.
Medios especializados en España plantearon que la decisión podría ser vista como una señal de alerta para empresas interesadas en invertir en infraestructura en Chile.
El gobernador del Bío Bío, Sergio Giacaman, lamentó que el Gobierno dejara atrás el modelo de concesión y afirmó que este tipo de cambios genera dudas para las compañías interesadas en ejecutar obras.
La autoridad regional aseguró que fiscalizarán los compromisos y plazos informados por el Ejecutivo para los corredores de las rutas 160 y 150.
