El Gobierno evalúa ingresar una ley corta para modificar los plazos de reconexión de servicios básicos luego de perder en el Tribunal Constitucional.
Este martes, el TC rechazó por nueve votos contra uno el requerimiento del Ejecutivo contra el artículo 31 de la denominada megarreforma aprobada por el Congreso.
La norma obliga a las concesionarias de distribución eléctrica, servicios sanitarios y gas a reconectar gratuitamente a usuarios residenciales y mipymes en zonas declaradas en estado de catástrofe.
El plazo fijado es de 48 horas para electricidad y gas, mientras que para agua potable y alcantarillado es de 24 horas.
El artículo también aplica en casos donde el suministro haya sido suspendido previamente por falta de pago.
Uno de los principales cuestionamientos del Ejecutivo apuntaba a que esos plazos serían demasiado breves y podrían generar riesgos de seguridad.
Durante los alegatos, el abogado Joaquín Palma sostuvo que la norma no habría sido revisada por las comisiones sectoriales competentes ni contaría con informes técnicos suficientes.
El Gobierno argumentó que una reconexión de gas o electricidad requiere verificaciones previas para evitar riesgos como fugas o explosiones.
Tras el fallo, fuentes de La Moneda señalaron que esperarán la promulgación de la Ley de Reconstrucción Nacional para ingresar una nueva iniciativa.
La idea sería modificar al menos el plazo de 48 horas y permitir que la norma pueda aplicarse con mayores resguardos técnicos.
El senador Matías Walker se abrió a discutir una alternativa y planteó que el problema podría ser abordado mediante una ley corta.
Abogados especialistas también anticipan que el escenario podría derivar en mayor judicialización.
Algunos expertos advierten que empresas afectadas podrían evaluar acciones contra el Estado si consideran que la norma les genera daños.
Otros plantean que, jurídicamente, el camino más directo sería una nueva ley que corrija o derogue parcialmente el artículo cuestionado.
El debate seguirá abierto una vez que se conozcan los fundamentos completos de la sentencia del Tribunal Constitucional.
Este martes, el TC rechazó por nueve votos contra uno el requerimiento del Ejecutivo contra el artículo 31 de la denominada megarreforma aprobada por el Congreso.
La norma obliga a las concesionarias de distribución eléctrica, servicios sanitarios y gas a reconectar gratuitamente a usuarios residenciales y mipymes en zonas declaradas en estado de catástrofe.
El plazo fijado es de 48 horas para electricidad y gas, mientras que para agua potable y alcantarillado es de 24 horas.
El artículo también aplica en casos donde el suministro haya sido suspendido previamente por falta de pago.
Uno de los principales cuestionamientos del Ejecutivo apuntaba a que esos plazos serían demasiado breves y podrían generar riesgos de seguridad.
Durante los alegatos, el abogado Joaquín Palma sostuvo que la norma no habría sido revisada por las comisiones sectoriales competentes ni contaría con informes técnicos suficientes.
El Gobierno argumentó que una reconexión de gas o electricidad requiere verificaciones previas para evitar riesgos como fugas o explosiones.
Tras el fallo, fuentes de La Moneda señalaron que esperarán la promulgación de la Ley de Reconstrucción Nacional para ingresar una nueva iniciativa.
La idea sería modificar al menos el plazo de 48 horas y permitir que la norma pueda aplicarse con mayores resguardos técnicos.
El senador Matías Walker se abrió a discutir una alternativa y planteó que el problema podría ser abordado mediante una ley corta.
Abogados especialistas también anticipan que el escenario podría derivar en mayor judicialización.
Algunos expertos advierten que empresas afectadas podrían evaluar acciones contra el Estado si consideran que la norma les genera daños.
Otros plantean que, jurídicamente, el camino más directo sería una nueva ley que corrija o derogue parcialmente el artículo cuestionado.
El debate seguirá abierto una vez que se conozcan los fundamentos completos de la sentencia del Tribunal Constitucional.
