Cuatro solicitudes de Espacios Costeros Marinos de Pueblos Originarios fueron rechazadas en la región de Los Lagos.
La decisión fue adoptada en la Comisión Regional de Uso de Borde Costero, instancia que revisó las peticiones conocidas como ECMPO.
Las solicitudes correspondían a isla Tranqui, en Queilen; islas Tabón y Puluqui, en Calbuco; Nercón, en Castro; y Yaldad, en Quellón.
De acuerdo con los antecedentes expuestos, las solicitudes no contaban con recomendación de la secretaría técnica.
Entre los argumentos se mencionó la eventual afectación a sectores productivos y la falta de consenso entre actores vinculados a los sectores aledaños.
Tras la votación, representantes de comunidades indígenas criticaron duramente la determinación.
Yohanna Coñuecar, representante de comunidades indígenas de Chiloé y Palena en la comisión, acusó racismo y falta de visión técnica.
La dirigenta sostuvo que la instancia se transformó en un espacio político y cuestionó que se deba volver a discutir derechos vinculados al mar.
También hubo críticas desde la pesca artesanal.
Luis Adué, presidente de la Federación Nacional de Pescadores Artesanales y Pueblos Originarios, señaló que la decisión dejó de ser técnica y pasó a responder a criterios políticos.
El gobernador de Los Lagos y presidente de la comisión, Alejandro Santana, insistió en sus cuestionamientos a la Ley Lafkenche y planteó la necesidad de modificarla.
La autoridad regional afirmó que estas votaciones no deben entenderse como decisiones a favor o en contra de una persona o grupo.
Santana sostuvo que, a su juicio, las ECMPO generan efectos en certeza jurídica, desarrollo, inversión pública y privada, además de empleo en los territorios.
El delegado presidencial de Los Lagos, Cristian Palma, no entregó plazos ni una propuesta concreta para modificar la normativa.
De las cuatro agrupaciones solicitantes, solo la ubicada en Quellón anunció que apelará a la determinación de la comisión.
La decisión fue adoptada en la Comisión Regional de Uso de Borde Costero, instancia que revisó las peticiones conocidas como ECMPO.
Las solicitudes correspondían a isla Tranqui, en Queilen; islas Tabón y Puluqui, en Calbuco; Nercón, en Castro; y Yaldad, en Quellón.
De acuerdo con los antecedentes expuestos, las solicitudes no contaban con recomendación de la secretaría técnica.
Entre los argumentos se mencionó la eventual afectación a sectores productivos y la falta de consenso entre actores vinculados a los sectores aledaños.
Tras la votación, representantes de comunidades indígenas criticaron duramente la determinación.
Yohanna Coñuecar, representante de comunidades indígenas de Chiloé y Palena en la comisión, acusó racismo y falta de visión técnica.
La dirigenta sostuvo que la instancia se transformó en un espacio político y cuestionó que se deba volver a discutir derechos vinculados al mar.
También hubo críticas desde la pesca artesanal.
Luis Adué, presidente de la Federación Nacional de Pescadores Artesanales y Pueblos Originarios, señaló que la decisión dejó de ser técnica y pasó a responder a criterios políticos.
El gobernador de Los Lagos y presidente de la comisión, Alejandro Santana, insistió en sus cuestionamientos a la Ley Lafkenche y planteó la necesidad de modificarla.
La autoridad regional afirmó que estas votaciones no deben entenderse como decisiones a favor o en contra de una persona o grupo.
Santana sostuvo que, a su juicio, las ECMPO generan efectos en certeza jurídica, desarrollo, inversión pública y privada, además de empleo en los territorios.
El delegado presidencial de Los Lagos, Cristian Palma, no entregó plazos ni una propuesta concreta para modificar la normativa.
De las cuatro agrupaciones solicitantes, solo la ubicada en Quellón anunció que apelará a la determinación de la comisión.
