La Comision de Constitucion del Senado analiza un cambio al reglamento para establecer un protocolo de test de drogas para senadores y senadoras.
La propuesta toma como base lo discutido en la Camara de Diputadas y Diputados, pero incorpora modificaciones propias para la Camara Alta.
El borrador contempla que cada parlamentario deba someterse a cuatro examenes de drogas durante sus ocho anos de periodo.
El test deberia ser de pelo y realizarse en un laboratorio definido por el Senado.
Uno de los puntos discutidos fue la validez de eventuales contramuestras y el laboratorio en que estas podrian realizarse.
El senador Juan Luis Castro planteo que el protocolo debe evitar zonas grises como las surgidas en otros casos publicos recientes.
El borrador en estudio no establece sanciones por arrojar un resultado positivo.
Las multas aparecen solo si un senador o senadora se niega a realizarse el examen.
Si se niega una vez, la multa seria de 10% de la dieta mensual.
Si se niega una segunda vez, la sancion subiria a 50% de la dieta.
Otra controversia apunta a los casos de consumo permanente que puedan indicar adiccion.
En ese escenario, el senador deberia financiar a su costo una derivacion a un centro de rehabilitacion, aunque la ley de derechos y deberes del paciente establece que nadie puede ser obligado a someterse a tratamiento.
La propuesta toma como base lo discutido en la Camara de Diputadas y Diputados, pero incorpora modificaciones propias para la Camara Alta.
El borrador contempla que cada parlamentario deba someterse a cuatro examenes de drogas durante sus ocho anos de periodo.
El test deberia ser de pelo y realizarse en un laboratorio definido por el Senado.
Uno de los puntos discutidos fue la validez de eventuales contramuestras y el laboratorio en que estas podrian realizarse.
El senador Juan Luis Castro planteo que el protocolo debe evitar zonas grises como las surgidas en otros casos publicos recientes.
El borrador en estudio no establece sanciones por arrojar un resultado positivo.
Las multas aparecen solo si un senador o senadora se niega a realizarse el examen.
Si se niega una vez, la multa seria de 10% de la dieta mensual.
Si se niega una segunda vez, la sancion subiria a 50% de la dieta.
Otra controversia apunta a los casos de consumo permanente que puedan indicar adiccion.
En ese escenario, el senador deberia financiar a su costo una derivacion a un centro de rehabilitacion, aunque la ley de derechos y deberes del paciente establece que nadie puede ser obligado a someterse a tratamiento.
