El Gobierno ingresó al Congreso dos nuevos proyectos de ley con suma urgencia en el marco de la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo.
La primera iniciativa busca modificar el Código Penal para ampliar el delito de interrupción u obstaculización de la libre circulación y del funcionamiento de los servicios de transporte.
El proyecto apunta a sancionar a quienes, sin autorización, bloqueen total o parcialmente el tránsito de personas, vehículos o servicios de transporte público o privado, ya sea de pasajeros o de carga.
La propuesta incluye distintos medios de transporte, como terrestre, ferroviario, subterráneo, marítimo, fluvial, lacustre y aéreo, además de la infraestructura asociada a su funcionamiento.
El texto también establece que no será necesario el uso de violencia o intimidación para configurar el delito, aunque excluye casos justificados como accidentes o desperfectos mecánicos.
La segunda iniciativa crea un Sistema Nacional de Registros de ADN y amplía las facultades de Carabineros y la PDI para practicar pericias de cotejo de huellas genéticas.
El proyecto incorpora a ambas policías, junto al Servicio Médico Legal y laboratorios acreditados, como organismos habilitados para realizar exámenes y pruebas biológicas destinadas a determinar huellas genéticas.
La conservación y destrucción del material biológico seguirá siendo facultad exclusiva del Servicio Médico Legal.
Desde el Ejecutivo señalaron que estas iniciativas forman parte de una agenda de seguridad que busca reforzar la capacidad del Estado frente al crimen organizado.
La primera iniciativa busca modificar el Código Penal para ampliar el delito de interrupción u obstaculización de la libre circulación y del funcionamiento de los servicios de transporte.
El proyecto apunta a sancionar a quienes, sin autorización, bloqueen total o parcialmente el tránsito de personas, vehículos o servicios de transporte público o privado, ya sea de pasajeros o de carga.
La propuesta incluye distintos medios de transporte, como terrestre, ferroviario, subterráneo, marítimo, fluvial, lacustre y aéreo, además de la infraestructura asociada a su funcionamiento.
El texto también establece que no será necesario el uso de violencia o intimidación para configurar el delito, aunque excluye casos justificados como accidentes o desperfectos mecánicos.
La segunda iniciativa crea un Sistema Nacional de Registros de ADN y amplía las facultades de Carabineros y la PDI para practicar pericias de cotejo de huellas genéticas.
El proyecto incorpora a ambas policías, junto al Servicio Médico Legal y laboratorios acreditados, como organismos habilitados para realizar exámenes y pruebas biológicas destinadas a determinar huellas genéticas.
La conservación y destrucción del material biológico seguirá siendo facultad exclusiva del Servicio Médico Legal.
Desde el Ejecutivo señalaron que estas iniciativas forman parte de una agenda de seguridad que busca reforzar la capacidad del Estado frente al crimen organizado.
