El Gobierno busca convertir en ley el criterio que permite a Carabineros y la Policía de Investigaciones ingresar de manera autónoma a zonas primarias aduaneras, como puertos, pasos fronterizos y terminales aeroportuarios.
La medida forma parte de la Agenda Contra el Crimen Organizado y el Terrorismo, conocida como ACOT, y apunta a fortalecer la persecución de delitos vinculados al narcotráfico, contrabando y crimen organizado transnacional.
Antes de avanzar con la iniciativa, el Ministerio de Seguridad revisó normativa vigente, dictámenes de la Contraloría General de la República y fallos judiciales relacionados con las facultades policiales en recintos aduaneros.
La conclusión del análisis fue que las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública tienen competencia en todo el territorio nacional, incluidas las zonas primarias de Aduanas, sin desplazar las atribuciones fiscalizadoras del Servicio Nacional de Aduanas.
Uno de los antecedentes centrales es un dictamen de Contraloría de 2018, que estableció que las facultades aduaneras deben ejercerse sin perjuicio de las funciones policiales que corresponden a Carabineros y la PDI.
El Gobierno también consideró una sentencia reciente de la Corte Suprema, que validó diligencias policiales realizadas en un caso de contrabando, incluso sin una denuncia previa de Aduanas, cuando existen delitos flagrantes o de acción penal pública.
Con esos elementos, el Ejecutivo primero instruyó el ingreso autónomo de las policías a zonas primarias cuando sea necesario para combatir delitos graves, y luego decidió incorporar ese criterio dentro del proyecto de ley ACOT.
La propuesta generó tensión con asociaciones de funcionarios de Aduanas, que se declararon en alerta y advierten que la medida podría superponer competencias o afectar el modelo de control en puertos y pasos fronterizos.
Desde el Gobierno, en cambio, sostienen que el objetivo es entregar certeza jurídica expresa a la actuación policial y evitar que controversias administrativas limiten procedimientos contra organizaciones criminales.
La medida forma parte de la Agenda Contra el Crimen Organizado y el Terrorismo, conocida como ACOT, y apunta a fortalecer la persecución de delitos vinculados al narcotráfico, contrabando y crimen organizado transnacional.
Antes de avanzar con la iniciativa, el Ministerio de Seguridad revisó normativa vigente, dictámenes de la Contraloría General de la República y fallos judiciales relacionados con las facultades policiales en recintos aduaneros.
La conclusión del análisis fue que las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública tienen competencia en todo el territorio nacional, incluidas las zonas primarias de Aduanas, sin desplazar las atribuciones fiscalizadoras del Servicio Nacional de Aduanas.
Uno de los antecedentes centrales es un dictamen de Contraloría de 2018, que estableció que las facultades aduaneras deben ejercerse sin perjuicio de las funciones policiales que corresponden a Carabineros y la PDI.
El Gobierno también consideró una sentencia reciente de la Corte Suprema, que validó diligencias policiales realizadas en un caso de contrabando, incluso sin una denuncia previa de Aduanas, cuando existen delitos flagrantes o de acción penal pública.
Con esos elementos, el Ejecutivo primero instruyó el ingreso autónomo de las policías a zonas primarias cuando sea necesario para combatir delitos graves, y luego decidió incorporar ese criterio dentro del proyecto de ley ACOT.
La propuesta generó tensión con asociaciones de funcionarios de Aduanas, que se declararon en alerta y advierten que la medida podría superponer competencias o afectar el modelo de control en puertos y pasos fronterizos.
Desde el Gobierno, en cambio, sostienen que el objetivo es entregar certeza jurídica expresa a la actuación policial y evitar que controversias administrativas limiten procedimientos contra organizaciones criminales.
