La bancada de diputados del Partido Republicano emplazó al Instituto Nacional de Derechos Humanos tras la Operación Cancerbero y el traslado de internos de alta peligrosidad a la cárcel La Laguna de Talca.
Los parlamentarios llamaron al organismo a no destinar recursos públicos a la defensa de personas vinculadas a delitos graves y organizaciones criminales.
La declaración se produjo luego del operativo que trasladó al Maule a líderes e integrantes de estructuras criminales, además de internos catalogados como de alto compromiso delictual.
La bancada republicana advirtió que, si el INDH interviene para defender a estos internos, insistirá ante el Gobierno en solicitar el cierre definitivo de la institución.
Los diputados argumentaron que el país requiere recuperar la paz, la seguridad y la tranquilidad de los ciudadanos.
En ese marco, cuestionaron que un organismo financiado con recursos públicos pueda enfocar su acción en la defensa de personas de alta peligrosidad.
El grupo también pidió que el INDH ponga atención en el bienestar de los funcionarios penitenciarios y en las condiciones en que desarrollan sus labores dentro de las cárceles.
El emplazamiento se suma a otras críticas políticas surgidas durante la jornada por una eventual visita o intervención del organismo en el nuevo recinto penitenciario.
La Operación Cancerbero ha abierto un debate sobre el rol del Estado en las cárceles, los derechos de los internos y las herramientas para enfrentar el crimen organizado.
El traslado a Talca forma parte de una estrategia orientada a concentrar internos de mayor peligrosidad bajo un régimen penitenciario más estricto.
Los parlamentarios llamaron al organismo a no destinar recursos públicos a la defensa de personas vinculadas a delitos graves y organizaciones criminales.
La declaración se produjo luego del operativo que trasladó al Maule a líderes e integrantes de estructuras criminales, además de internos catalogados como de alto compromiso delictual.
La bancada republicana advirtió que, si el INDH interviene para defender a estos internos, insistirá ante el Gobierno en solicitar el cierre definitivo de la institución.
Los diputados argumentaron que el país requiere recuperar la paz, la seguridad y la tranquilidad de los ciudadanos.
En ese marco, cuestionaron que un organismo financiado con recursos públicos pueda enfocar su acción en la defensa de personas de alta peligrosidad.
El grupo también pidió que el INDH ponga atención en el bienestar de los funcionarios penitenciarios y en las condiciones en que desarrollan sus labores dentro de las cárceles.
El emplazamiento se suma a otras críticas políticas surgidas durante la jornada por una eventual visita o intervención del organismo en el nuevo recinto penitenciario.
La Operación Cancerbero ha abierto un debate sobre el rol del Estado en las cárceles, los derechos de los internos y las herramientas para enfrentar el crimen organizado.
El traslado a Talca forma parte de una estrategia orientada a concentrar internos de mayor peligrosidad bajo un régimen penitenciario más estricto.
