La Ley de Escuelas Protegidas fue publicada en el Diario Oficial y comenzará a entregar nuevas herramientas para enfrentar hechos de violencia dentro de los establecimientos educacionales.
La normativa busca reforzar la seguridad en colegios y liceos, además de dar mayor respaldo a docentes, asistentes de la educación y equipos de convivencia escolar.
Uno de los puntos más comentados es la posibilidad de incorporar la revisión de mochilas y bolsos en los reglamentos internos de los establecimientos.
La medida deberá estar orientada a evitar el ingreso, porte o uso de elementos que puedan ser utilizados para agredir a otras personas o dañar la infraestructura escolar.
La revisión tendrá límites claros: deberá realizarse en un lugar privado, con personal capacitado y con al menos dos adultos presentes, uno de ellos del equipo de convivencia escolar.
La ley prohíbe expresamente la revisión corporal y de vestimentas, y establece que el procedimiento debe resguardar la privacidad, honra, igualdad y debido proceso de los estudiantes.
Si un alumno se niega a la revisión, el establecimiento deberá informar a su apoderado para que concurra y revise la mochila en presencia de personal autorizado.
En caso de que se encuentren elementos peligrosos, el colegio deberá comunicar la situación a los padres o apoderados y también a Carabineros o a la Policía de Investigaciones.
La normativa también entrega más atribuciones a los profesores para aplicar medidas pedagógicas, preventivas, correctivas y disciplinarias de manera inmediata dentro de la sala de clases.
Además, los reglamentos internos podrán incluir restricciones a vestimentas o accesorios que impidan la identificación facial, salvo razones de salud, religiosas u otras justificadas.
Otro cambio relevante apunta a una mayor participación de las familias, ya que los apoderados deberán asistir a citaciones vinculadas con convivencia, disciplina o violencia escolar.
La ley también permite restringir el ingreso a establecimientos de apoderados que hayan agredido física, verbal o digitalmente a funcionarios o estudiantes.
La normativa busca reforzar la seguridad en colegios y liceos, además de dar mayor respaldo a docentes, asistentes de la educación y equipos de convivencia escolar.
Uno de los puntos más comentados es la posibilidad de incorporar la revisión de mochilas y bolsos en los reglamentos internos de los establecimientos.
La medida deberá estar orientada a evitar el ingreso, porte o uso de elementos que puedan ser utilizados para agredir a otras personas o dañar la infraestructura escolar.
La revisión tendrá límites claros: deberá realizarse en un lugar privado, con personal capacitado y con al menos dos adultos presentes, uno de ellos del equipo de convivencia escolar.
La ley prohíbe expresamente la revisión corporal y de vestimentas, y establece que el procedimiento debe resguardar la privacidad, honra, igualdad y debido proceso de los estudiantes.
Si un alumno se niega a la revisión, el establecimiento deberá informar a su apoderado para que concurra y revise la mochila en presencia de personal autorizado.
En caso de que se encuentren elementos peligrosos, el colegio deberá comunicar la situación a los padres o apoderados y también a Carabineros o a la Policía de Investigaciones.
La normativa también entrega más atribuciones a los profesores para aplicar medidas pedagógicas, preventivas, correctivas y disciplinarias de manera inmediata dentro de la sala de clases.
Además, los reglamentos internos podrán incluir restricciones a vestimentas o accesorios que impidan la identificación facial, salvo razones de salud, religiosas u otras justificadas.
Otro cambio relevante apunta a una mayor participación de las familias, ya que los apoderados deberán asistir a citaciones vinculadas con convivencia, disciplina o violencia escolar.
La ley también permite restringir el ingreso a establecimientos de apoderados que hayan agredido física, verbal o digitalmente a funcionarios o estudiantes.
