Gobierno cambia reglas de los SLEP mientras 639 mil alumnos siguen fuera del sistema

La ley corta extiende el calendario hasta 2040 y permitiría que más municipios posterguen su ingreso a la Nueva Educación Pública.

La implementación de los Servicios Locales de Educación Pública enfrenta uno de sus mayores cambios desde el inicio del proceso de desmunicipalización.

Actualmente, 639.156 estudiantes siguen bajo administración municipal y aún no han sido incorporados al sistema de SLEP.

El proceso pendiente involucra a 177 comunas, equivalentes a 36 futuros Servicios Locales, y a 2.564 establecimientos educacionales.

El Gobierno ingresó una ley corta que busca modificar aspectos centrales de la reforma, entre ellos extender el calendario de implementación hasta 2040.

La propuesta también flexibiliza los requisitos para que municipios con buenos resultados puedan mantener temporalmente la administración de sus establecimientos.

Cinco regiones ya completaron la desmunicipalización: Arica y Parinacota, Tarapacá, Atacama, Aysén y Magallanes. Sin embargo, el proceso sigue abierto en once regiones del país.

La Región Metropolitana y O’Higgins concentran el mayor número de comunas pendientes, con 29 municipios cada una. Luego aparecen La Araucanía, Maule, Biobío, Los Lagos y Valparaíso.

El mayor desafío está previsto para el 1 de enero de 2027, cuando deberían traspasarse 55 comunas agrupadas en 11 nuevos Servicios Locales.

Esa etapa incluye a 254.652 estudiantes, casi el 40% de todos los alumnos que aún permanecen bajo administración municipal.

Un análisis académico muestra que con las reglas actuales solo 43 comunas podrían solicitar postergar su ingreso al sistema, pero con el proyecto del Gobierno la cifra subiría a 166.

En términos de matrícula, eso significaría que los municipios con opción de aplazar el traspaso pasarían de reunir 77.778 estudiantes a concentrar más de 547 mil alumnos.

El debate se centra ahora en si la nueva fórmula entrega flexibilidad necesaria para comunas con buenos indicadores o si ralentiza una transformación estructural de la educación pública.
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