El Gobierno inició una carrera legislativa para aprobar su Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo antes de Navidad.
El paquete, conocido como ACOT, contempla más de 30 proyectos de ley y una reforma constitucional en materia de seguridad pública.
La meta fue fijada por el Presidente José Antonio Kast, quien pidió al Congreso avanzar con rapidez en las herramientas contra la delincuencia.
El Ejecutivo definió 18 proyectos como prioritarios dentro de la agenda.
El plazo es ajustado: desde este fin de semana hasta Navidad quedan cerca de 80 sesiones entre ambas salas del Congreso.
De ese total, 32 sesiones corresponden al Senado y 48 a la Cámara de Diputados.
A ese calendario se suma el trabajo en comisiones, donde los proyectos deberán ser revisados antes de llegar a sala.
La agenda de seguridad competirá además con otros debates legislativos relevantes, como la reforma laboral, la sala cuna universal, el Presupuesto 2026 y el reajuste del sector público.
Frente a ese escenario, las presidencias de ambas cámaras han señalado que se realizarán las sesiones necesarias para acelerar la tramitación.
Entre las alternativas se contempla ampliar horarios, sumar jornadas y suspender semanas distritales o regionales si existe acuerdo parlamentario.
La agenda ACOT incluye cambios a la Ley Antibarricadas, medidas en zonas fronterizas y nuevas herramientas para Carabineros, PDI y Gendarmería.
También considera la destrucción de bienes irregulares, cierre de máquinas ilegales, toma de muestras biológicas y modernización de la PDI.
Otro punto relevante es la creación de mecanismos para decomisar, enajenar y destruir bienes vinculados al crimen organizado.
El paquete incorpora además regímenes penitenciarios diferenciados para delitos asociados a crimen organizado y terrorismo.
El Ejecutivo apuesta a que la agenda pueda convertirse en una de sus principales señales políticas antes de fin de año.
La discusión legislativa será clave para definir cuánto del paquete podrá aprobarse dentro del plazo trazado por La Moneda.
El paquete, conocido como ACOT, contempla más de 30 proyectos de ley y una reforma constitucional en materia de seguridad pública.
La meta fue fijada por el Presidente José Antonio Kast, quien pidió al Congreso avanzar con rapidez en las herramientas contra la delincuencia.
El Ejecutivo definió 18 proyectos como prioritarios dentro de la agenda.
El plazo es ajustado: desde este fin de semana hasta Navidad quedan cerca de 80 sesiones entre ambas salas del Congreso.
De ese total, 32 sesiones corresponden al Senado y 48 a la Cámara de Diputados.
A ese calendario se suma el trabajo en comisiones, donde los proyectos deberán ser revisados antes de llegar a sala.
La agenda de seguridad competirá además con otros debates legislativos relevantes, como la reforma laboral, la sala cuna universal, el Presupuesto 2026 y el reajuste del sector público.
Frente a ese escenario, las presidencias de ambas cámaras han señalado que se realizarán las sesiones necesarias para acelerar la tramitación.
Entre las alternativas se contempla ampliar horarios, sumar jornadas y suspender semanas distritales o regionales si existe acuerdo parlamentario.
La agenda ACOT incluye cambios a la Ley Antibarricadas, medidas en zonas fronterizas y nuevas herramientas para Carabineros, PDI y Gendarmería.
También considera la destrucción de bienes irregulares, cierre de máquinas ilegales, toma de muestras biológicas y modernización de la PDI.
Otro punto relevante es la creación de mecanismos para decomisar, enajenar y destruir bienes vinculados al crimen organizado.
El paquete incorpora además regímenes penitenciarios diferenciados para delitos asociados a crimen organizado y terrorismo.
El Ejecutivo apuesta a que la agenda pueda convertirse en una de sus principales señales políticas antes de fin de año.
La discusión legislativa será clave para definir cuánto del paquete podrá aprobarse dentro del plazo trazado por La Moneda.
