El Gobierno cerró la puerta a la propuesta que buscaba suspender por cinco años la aplicación de la Ley Karin.
La iniciativa fue impulsada por parlamentarios del Partido Nacional Libertario, junto a un diputado del Partido Republicano y un independiente de Renovación Nacional.
Desde el Ejecutivo señalaron que no son partidarios de suspender la normativa, sino de realizar ajustes que permitan mejorar su funcionamiento.
El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, sostuvo que no parece razonable detener una ley vigente y planteó que las instituciones deben adecuarse al marco legal actual.
La postura del Gobierno va en línea con la idea de perfeccionar la implementación de la norma, especialmente a través del trabajo que desarrolla el Ministerio del Trabajo.
La Ley Karin, vigente desde el 1 de agosto de 2024, modificó el Código del Trabajo y los estatutos administrativos para abordar situaciones de acoso laboral, acoso sexual y violencia en el trabajo.
La discusión se instaló luego de cuestionamientos a la forma en que la normativa se ha aplicado en distintos espacios laborales.
Pese a esas críticas, el Ejecutivo insistió en que el camino no será congelar la ley, sino revisar mecanismos para que su aplicación sea más adecuada.
El debate continuará en el Congreso, donde la propuesta de suspensión deberá enfrentar la posición contraria del Gobierno.
Con esto, la administración marca distancia de la iniciativa y refuerza que cualquier cambio deberá orientarse a corregir procedimientos, no a dejar sin efecto la protección laboral establecida por la ley.
La iniciativa fue impulsada por parlamentarios del Partido Nacional Libertario, junto a un diputado del Partido Republicano y un independiente de Renovación Nacional.
Desde el Ejecutivo señalaron que no son partidarios de suspender la normativa, sino de realizar ajustes que permitan mejorar su funcionamiento.
El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, sostuvo que no parece razonable detener una ley vigente y planteó que las instituciones deben adecuarse al marco legal actual.
La postura del Gobierno va en línea con la idea de perfeccionar la implementación de la norma, especialmente a través del trabajo que desarrolla el Ministerio del Trabajo.
La Ley Karin, vigente desde el 1 de agosto de 2024, modificó el Código del Trabajo y los estatutos administrativos para abordar situaciones de acoso laboral, acoso sexual y violencia en el trabajo.
La discusión se instaló luego de cuestionamientos a la forma en que la normativa se ha aplicado en distintos espacios laborales.
Pese a esas críticas, el Ejecutivo insistió en que el camino no será congelar la ley, sino revisar mecanismos para que su aplicación sea más adecuada.
El debate continuará en el Congreso, donde la propuesta de suspensión deberá enfrentar la posición contraria del Gobierno.
Con esto, la administración marca distancia de la iniciativa y refuerza que cualquier cambio deberá orientarse a corregir procedimientos, no a dejar sin efecto la protección laboral establecida por la ley.
