Este sábado comenzó a regir plenamente la nueva normativa de seguridad y autenticación para operaciones bancarias electrónicas.
La regulación eleva los estándares mínimos para pagos, transferencias y procesos de enrolamiento digital, con el objetivo de reforzar la protección de los usuarios.
Uno de los principales cambios es la aplicación de la Autenticación Reforzada de Clientes, mecanismo que exige comprobar la identidad mediante al menos dos factores.
Estos factores pueden ser algo que el cliente conoce, como una contraseña; algo que posee, como un teléfono o dispositivo; o una característica propia, como la huella dactilar.
En términos generales, la norma deja atrás los sistemas basados únicamente en datos impresos, como las tradicionales tarjetas de coordenadas.
La medida había generado cuestionamientos por el posible impacto en adultos mayores y personas con menor acceso a herramientas digitales.
Por esa razón, la implementación fue ajustada para permitir excepciones en casos donde existan barreras de accesibilidad, desplazamiento u otras limitaciones.
Las instituciones financieras podrán identificar a clientes que necesiten mantener mecanismos alternativos, como las tarjetas de coordenadas.
En esos casos, el uso de datos impresos podrá continuar, aunque no será considerado como Autenticación Reforzada de Clientes.
Los bancos deberán informar a los usuarios los riesgos asociados a estos métodos y aplicar criterios que permitan compatibilizar seguridad e inclusión financiera.
La regulación eleva los estándares mínimos para pagos, transferencias y procesos de enrolamiento digital, con el objetivo de reforzar la protección de los usuarios.
Uno de los principales cambios es la aplicación de la Autenticación Reforzada de Clientes, mecanismo que exige comprobar la identidad mediante al menos dos factores.
Estos factores pueden ser algo que el cliente conoce, como una contraseña; algo que posee, como un teléfono o dispositivo; o una característica propia, como la huella dactilar.
En términos generales, la norma deja atrás los sistemas basados únicamente en datos impresos, como las tradicionales tarjetas de coordenadas.
La medida había generado cuestionamientos por el posible impacto en adultos mayores y personas con menor acceso a herramientas digitales.
Por esa razón, la implementación fue ajustada para permitir excepciones en casos donde existan barreras de accesibilidad, desplazamiento u otras limitaciones.
Las instituciones financieras podrán identificar a clientes que necesiten mantener mecanismos alternativos, como las tarjetas de coordenadas.
En esos casos, el uso de datos impresos podrá continuar, aunque no será considerado como Autenticación Reforzada de Clientes.
Los bancos deberán informar a los usuarios los riesgos asociados a estos métodos y aplicar criterios que permitan compatibilizar seguridad e inclusión financiera.
