El Concejo Municipal de La Ligua aprobó un pronunciamiento institucional contra iniciativas de inversión que puedan poner en riesgo a las comunidades, los recursos naturales y la calidad de vida, con especial atención en el valle de Longotoma. El acuerdo recibió respaldo transversal en la sesión del miércoles 28 de octubre.
El alcalde Patricio Pallares explicó que la postura no busca impedir todo desarrollo económico. La municipalidad reconoce la importancia de las energías limpias, el acceso al agua y la actividad productiva, pero demanda controles y evaluaciones que prevengan daños en el territorio.
El documento menciona parques fotovoltaicos, almacenamiento de energía en baterías, faenas mineras y relaves, desaladoras, urbanizaciones costeras, agroindustrias, acuicultura y transmisión eléctrica. La preocupación municipal apunta a la concentración de iniciativas y sus posibles efectos conjuntos.
Entre los ámbitos que el municipio pide resguardar están el abastecimiento de agua, los Servicios Sanitarios Rurales, los suelos agrícolas, los humedales, la biodiversidad, el borde costero y las actividades tradicionales. Se trata de riesgos planteados en el pronunciamiento, no de daños acreditados para cada uno de los proyectos mencionados.
La declaración solicita evaluaciones exhaustivas, participación ciudadana efectiva, análisis de impactos acumulativos y fiscalización del cumplimiento de las medidas comprometidas.
El acuerdo expresa una posición institucional del Concejo. Los antecedentes publicados no informan una prohibición general de inversiones ni una resolución ambiental definitiva que apruebe o rechace proyectos específicos.
El alcalde Patricio Pallares explicó que la postura no busca impedir todo desarrollo económico. La municipalidad reconoce la importancia de las energías limpias, el acceso al agua y la actividad productiva, pero demanda controles y evaluaciones que prevengan daños en el territorio.
El documento menciona parques fotovoltaicos, almacenamiento de energía en baterías, faenas mineras y relaves, desaladoras, urbanizaciones costeras, agroindustrias, acuicultura y transmisión eléctrica. La preocupación municipal apunta a la concentración de iniciativas y sus posibles efectos conjuntos.
Entre los ámbitos que el municipio pide resguardar están el abastecimiento de agua, los Servicios Sanitarios Rurales, los suelos agrícolas, los humedales, la biodiversidad, el borde costero y las actividades tradicionales. Se trata de riesgos planteados en el pronunciamiento, no de daños acreditados para cada uno de los proyectos mencionados.
La declaración solicita evaluaciones exhaustivas, participación ciudadana efectiva, análisis de impactos acumulativos y fiscalización del cumplimiento de las medidas comprometidas.
El acuerdo expresa una posición institucional del Concejo. Los antecedentes publicados no informan una prohibición general de inversiones ni una resolución ambiental definitiva que apruebe o rechace proyectos específicos.
