Contraloría detecta plantas municipales de aguas servidas sin autorización en la RM

La auditoría identificó instalaciones operando sin permisos, deficiencias de monitoreo y descargas contaminantes en María Pinto, Isla de Maipo y Melipilla.

La Contraloría General de la República detectó múltiples irregularidades en plantas de tratamiento de aguas servidas administradas por municipios de la Región Metropolitana.

La auditoría apuntó a instalaciones de María Pinto, Isla de Maipo y Melipilla, donde se constataron plantas funcionando sin autorización sanitaria, deficiencias operativas y problemas de control ambiental.

En María Pinto, el informe identificó que las plantas La Colonia, San Enrique y Chorombo Bajo operaban sin autorización de la Seremi de Salud Metropolitana y sin regularizar su situación bajo la Ley N° 20.998.

Además, sus descargas registraron incumplimientos reiterados a la normativa ambiental, con niveles sobre lo permitido en demanda biológica de oxígeno, coliformes fecales, sólidos suspendidos totales y pentaclorofenol.

Un informe ambiental municipal de 2024 ya había advertido la presencia de microorganismos patógenos que podrían afectar un curso de agua usado aguas abajo para riego de productos agrícolas destinados al consumo humano y animal.

La investigación también detectó falta de monitoreo periódico de las aguas descargadas al Estero Puangue, infraestructura deteriorada, equipos fuera de servicio y ausencia de planes de manejo de lodos y contingencia.

En Isla de Maipo, la Planta Gacitúa fue observada por operar sin autorización sanitaria. Además, se detectó la incorporación de agua al sistema de tratamiento, práctica que puede diluir las aguas servidas y alterar los resultados de medición.

También se identificaron conexiones que permitirían descargas directas de aguas servidas sin tratamiento al Estero Gatica, junto con acumulación de lodos y deterioro de infraestructura crítica.

En Melipilla, Contraloría comprobó que la planta de tratamiento de Bollenar funcionaba sin autorización sanitaria y que el municipio no estaba inscrito en el Registro de Operadores exigido para servicios sanitarios rurales.

A raíz de los hallazgos, Contraloría iniciará procedimientos disciplinarios para determinar eventuales responsabilidades administrativas de funcionarios municipales y de organismos públicos vinculados a la fiscalización.
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