El diputado Hotuiti Teao pidió incorporar a Rapa Nui en los proyectos de ley que buscan sancionar penalmente matrimonios y acuerdos de unión civil simulados.
La discusión apunta a vínculos ficticios utilizados para obtener beneficios migratorios o residencia en Chile.
El parlamentario planteó el tema en la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputados.
Según advirtió, podría existir un vacío respecto de la situación particular de Rapa Nui.
La isla cuenta con un régimen especial de residencia y permanencia establecido en la Ley N° 21.070.
Esa norma busca proteger la capacidad de carga del territorio insular.
La regla general indica que toda persona chilena o extranjera que ingresa a Rapa Nui puede permanecer por un máximo de 30 días.
Para quedarse por más tiempo, debe acreditar alguna de las calidades expresamente permitidas por la ley.
Entre esas condiciones se encuentra ser cónyuge o conviviente civil de una persona perteneciente al pueblo Rapa Nui.
Teao sostuvo que han recibido antecedentes sobre personas que estarían recurriendo a acuerdos de unión civil sin una relación efectiva.
De acuerdo con su planteamiento, esos vínculos serían usados como estrategia para obtener una calidad habilitante y permanecer de forma permanente en la isla.
El diputado recordó que la Ley N° 21.070 ya considera como infracción grave celebrar contratos o alegar situaciones de hecho para eludir sus disposiciones.
Esa conducta puede ser sancionada con multas de entre 20 y 30 UTM.
Sin embargo, afirmó que los antecedentes conocidos hacen necesario fortalecer las herramientas legales disponibles.
Por eso solicitó que los proyectos incluyan expresamente la celebración de matrimonios o AUC ficticios destinados a obtener fraudulentamente autorización para residir o permanecer en Rapa Nui.
El parlamentario sostuvo que el caso de la isla es distinto al de la residencia general en el país, porque involucra una habilitación especial para radicarse en un territorio protegido.
También pidió que la norma quede redactada de forma explícita, para evitar que estos casos dependan después de interpretaciones jurídicas.
A su juicio, si existen mecanismos que estarían siendo usados para vulnerar la Ley N° 21.070, corresponde cerrar esa puerta mediante una regulación más precisa.
La discusión apunta a vínculos ficticios utilizados para obtener beneficios migratorios o residencia en Chile.
El parlamentario planteó el tema en la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputados.
Según advirtió, podría existir un vacío respecto de la situación particular de Rapa Nui.
La isla cuenta con un régimen especial de residencia y permanencia establecido en la Ley N° 21.070.
Esa norma busca proteger la capacidad de carga del territorio insular.
La regla general indica que toda persona chilena o extranjera que ingresa a Rapa Nui puede permanecer por un máximo de 30 días.
Para quedarse por más tiempo, debe acreditar alguna de las calidades expresamente permitidas por la ley.
Entre esas condiciones se encuentra ser cónyuge o conviviente civil de una persona perteneciente al pueblo Rapa Nui.
Teao sostuvo que han recibido antecedentes sobre personas que estarían recurriendo a acuerdos de unión civil sin una relación efectiva.
De acuerdo con su planteamiento, esos vínculos serían usados como estrategia para obtener una calidad habilitante y permanecer de forma permanente en la isla.
El diputado recordó que la Ley N° 21.070 ya considera como infracción grave celebrar contratos o alegar situaciones de hecho para eludir sus disposiciones.
Esa conducta puede ser sancionada con multas de entre 20 y 30 UTM.
Sin embargo, afirmó que los antecedentes conocidos hacen necesario fortalecer las herramientas legales disponibles.
Por eso solicitó que los proyectos incluyan expresamente la celebración de matrimonios o AUC ficticios destinados a obtener fraudulentamente autorización para residir o permanecer en Rapa Nui.
El parlamentario sostuvo que el caso de la isla es distinto al de la residencia general en el país, porque involucra una habilitación especial para radicarse en un territorio protegido.
También pidió que la norma quede redactada de forma explícita, para evitar que estos casos dependan después de interpretaciones jurídicas.
A su juicio, si existen mecanismos que estarían siendo usados para vulnerar la Ley N° 21.070, corresponde cerrar esa puerta mediante una regulación más precisa.
