Autoridades argentinas alertaron que organizaciones criminales habrían comprado predios limítrofes en la Patagonia trasandina para controlar pasos no habilitados hacia Chile.
El antecedente fue expuesto por el Ministerio Público argentino ante integrantes del Senado chileno durante una sesión de la Comisión de Seguridad realizada en la Región de Magallanes.
Según los antecedentes entregados, estas organizaciones buscarían utilizar esos terrenos para facilitar el tránsito por rutas alternativas y cometer delitos hacia territorio chileno.
La alerta apunta al posible traslado de mercancía ilegal, como cigarrillos de contrabando, y también a delitos más graves como trata de personas.
El fiscal general interino de la unidad fiscal de Río Gallegos, Julio Zárate, señaló que las organizaciones compraban estancias argentinas para tener acceso al paso hacia el lado chileno.
El persecutor afirmó que la colaboración con equipos de drones chilenos permitió verificar rutas alternativas usadas para estos desplazamientos.
Consultado por esta situación, el Ministerio de Seguridad de Chile indicó que no se ha registrado una alerta formal de este tipo en las fronteras nacionales.
Sin embargo, desde la cartera señalaron que se trabaja en el reforzamiento y monitoreo de los pasos habilitados en la zona.
El seremi de Seguridad de Los Lagos, Francisco Muñoz, indicó que las comunas con pasos más vulnerables son Palena y Cochamó.
En el caso de Palena, se están ejecutando obras de mejora en los pasos fronterizos, por lo que el principal desafío actual estaría en Cochamó.
Desde Bienes Nacionales se advirtió que no existen mecanismos administrativos para fiscalizar preventivamente la compraventa de predios entre privados.
El seremi Nicolás Yunge explicó que, si se constata algún delito vinculado a estas operaciones, el caso debe ser derivado al Ministerio Público.
El tema quedó instalado como una preocupación de seguridad fronteriza, especialmente por la extensión territorial y las dificultades de fiscalización en zonas apartadas del sur.
El antecedente fue expuesto por el Ministerio Público argentino ante integrantes del Senado chileno durante una sesión de la Comisión de Seguridad realizada en la Región de Magallanes.
Según los antecedentes entregados, estas organizaciones buscarían utilizar esos terrenos para facilitar el tránsito por rutas alternativas y cometer delitos hacia territorio chileno.
La alerta apunta al posible traslado de mercancía ilegal, como cigarrillos de contrabando, y también a delitos más graves como trata de personas.
El fiscal general interino de la unidad fiscal de Río Gallegos, Julio Zárate, señaló que las organizaciones compraban estancias argentinas para tener acceso al paso hacia el lado chileno.
El persecutor afirmó que la colaboración con equipos de drones chilenos permitió verificar rutas alternativas usadas para estos desplazamientos.
Consultado por esta situación, el Ministerio de Seguridad de Chile indicó que no se ha registrado una alerta formal de este tipo en las fronteras nacionales.
Sin embargo, desde la cartera señalaron que se trabaja en el reforzamiento y monitoreo de los pasos habilitados en la zona.
El seremi de Seguridad de Los Lagos, Francisco Muñoz, indicó que las comunas con pasos más vulnerables son Palena y Cochamó.
En el caso de Palena, se están ejecutando obras de mejora en los pasos fronterizos, por lo que el principal desafío actual estaría en Cochamó.
Desde Bienes Nacionales se advirtió que no existen mecanismos administrativos para fiscalizar preventivamente la compraventa de predios entre privados.
El seremi Nicolás Yunge explicó que, si se constata algún delito vinculado a estas operaciones, el caso debe ser derivado al Ministerio Público.
El tema quedó instalado como una preocupación de seguridad fronteriza, especialmente por la extensión territorial y las dificultades de fiscalización en zonas apartadas del sur.
