Parlamentarios reaccionaron a los hallazgos de Contraloría sobre la gestión de vacunas contra la influenza adquiridas para la campaña 2024.
El informe detectó pérdidas por $3.640 millones asociadas a 762.326 vacunas que vencieron sin ser distribuidas.
La fiscalización también advirtió problemas de trazabilidad y registros de inoculación vinculados a personas fallecidas.
Según los antecedentes, el destino de 2.906.653 vacunas no pudo ser determinado por completo.
Además, se identificaron 208 registros de inoculación posteriores a la fecha de fallecimiento de las personas asociadas a esos datos.
Las observaciones apuntan a situaciones ocurridas durante la administración anterior del Ministerio de Salud.
Uno de los puntos centrales corresponde a vacunas adquiridas a Sinovac Biotech y Sanofi Pasteur, que terminaron venciendo en dependencias del operador logístico del Ministerio.
Contraloría formuló un reparo por $3.640 millones, tras señalar que no se acreditó haber agotado todas las alternativas para gestionar o redistribuir oportunamente las dosis.
El informe también menciona el incumplimiento de la meta de cobertura de la campaña de influenza 2024, que buscaba alcanzar un 85% de la población objetivo.
Desde sectores oficialistas se exigieron responsabilidades políticas y administrativas por la pérdida de recursos públicos y las fallas detectadas.
Diputados de la UDI anunciaron que impulsarán una comisión investigadora en la Cámara para esclarecer lo ocurrido.
Desde otros sectores se pidió cautela antes de sacar conclusiones definitivas, especialmente respecto de los registros asociados a personas fallecidas.
Parlamentarios señalaron que esos casos podrían corresponder a problemas registrales, pero coincidieron en la necesidad de una investigación más profunda.
El debate quedó instalado en torno a la trazabilidad de las vacunas, el uso de recursos públicos y las medidas que deberá adoptar la autoridad sanitaria para evitar nuevas irregularidades.
El informe detectó pérdidas por $3.640 millones asociadas a 762.326 vacunas que vencieron sin ser distribuidas.
La fiscalización también advirtió problemas de trazabilidad y registros de inoculación vinculados a personas fallecidas.
Según los antecedentes, el destino de 2.906.653 vacunas no pudo ser determinado por completo.
Además, se identificaron 208 registros de inoculación posteriores a la fecha de fallecimiento de las personas asociadas a esos datos.
Las observaciones apuntan a situaciones ocurridas durante la administración anterior del Ministerio de Salud.
Uno de los puntos centrales corresponde a vacunas adquiridas a Sinovac Biotech y Sanofi Pasteur, que terminaron venciendo en dependencias del operador logístico del Ministerio.
Contraloría formuló un reparo por $3.640 millones, tras señalar que no se acreditó haber agotado todas las alternativas para gestionar o redistribuir oportunamente las dosis.
El informe también menciona el incumplimiento de la meta de cobertura de la campaña de influenza 2024, que buscaba alcanzar un 85% de la población objetivo.
Desde sectores oficialistas se exigieron responsabilidades políticas y administrativas por la pérdida de recursos públicos y las fallas detectadas.
Diputados de la UDI anunciaron que impulsarán una comisión investigadora en la Cámara para esclarecer lo ocurrido.
Desde otros sectores se pidió cautela antes de sacar conclusiones definitivas, especialmente respecto de los registros asociados a personas fallecidas.
Parlamentarios señalaron que esos casos podrían corresponder a problemas registrales, pero coincidieron en la necesidad de una investigación más profunda.
El debate quedó instalado en torno a la trazabilidad de las vacunas, el uso de recursos públicos y las medidas que deberá adoptar la autoridad sanitaria para evitar nuevas irregularidades.
