Contraloría detectó una serie de irregularidades vinculadas a la campaña de vacunación contra la influenza de 2024.
Entre los hallazgos figuran dosis vencidas sin distribuir, problemas de trazabilidad y registros de vacunación asociados a personas fallecidas.
De acuerdo con los antecedentes conocidos, más de 760 mil vacunas adquiridas para la campaña vencieron sin ser distribuidas a centros de salud.
Las dosis permanecían almacenadas en dependencias del operador logístico del Ministerio de Salud.
El costo total asociado a esas vacunas fue estimado en $3.640 millones.
Por ello, Contraloría formuló un reparo por dicho monto, mecanismo que busca perseguir eventuales responsabilidades por perjuicios al patrimonio público.
El organismo sostuvo que la Subsecretaría de Salud Pública no acreditó haber agotado todas las alternativas disponibles para gestionar o redistribuir oportunamente las vacunas antes de su vencimiento.
La fiscalización también detectó problemas de trazabilidad, incluyendo 2.906.653 vacunas cuyo destino no pudo ser determinado.
Esas dosis no aparecen registradas como vencidas ni como administradas, según los antecedentes del informe.
Respecto de los registros asociados a personas fallecidas, se identificaron 208 casos a nivel nacional en que la fecha de vacunación aparece después de la fecha de defunción.
En 58 casos los datos coincidirían con los registros de defunción, mientras que en otros 150 solo coincide el RUN, por lo que podrían corresponder a errores de digitación.
Contraloría solicitó aclarar estas situaciones y revisar las responsabilidades administrativas que correspondan.
El informe también apunta a que la meta oficial de cobertura para 2024, fijada en 85% de la población objetivo, habría quedado por debajo de lo esperado.
Entre los hallazgos figuran dosis vencidas sin distribuir, problemas de trazabilidad y registros de vacunación asociados a personas fallecidas.
De acuerdo con los antecedentes conocidos, más de 760 mil vacunas adquiridas para la campaña vencieron sin ser distribuidas a centros de salud.
Las dosis permanecían almacenadas en dependencias del operador logístico del Ministerio de Salud.
El costo total asociado a esas vacunas fue estimado en $3.640 millones.
Por ello, Contraloría formuló un reparo por dicho monto, mecanismo que busca perseguir eventuales responsabilidades por perjuicios al patrimonio público.
El organismo sostuvo que la Subsecretaría de Salud Pública no acreditó haber agotado todas las alternativas disponibles para gestionar o redistribuir oportunamente las vacunas antes de su vencimiento.
La fiscalización también detectó problemas de trazabilidad, incluyendo 2.906.653 vacunas cuyo destino no pudo ser determinado.
Esas dosis no aparecen registradas como vencidas ni como administradas, según los antecedentes del informe.
Respecto de los registros asociados a personas fallecidas, se identificaron 208 casos a nivel nacional en que la fecha de vacunación aparece después de la fecha de defunción.
En 58 casos los datos coincidirían con los registros de defunción, mientras que en otros 150 solo coincide el RUN, por lo que podrían corresponder a errores de digitación.
Contraloría solicitó aclarar estas situaciones y revisar las responsabilidades administrativas que correspondan.
El informe también apunta a que la meta oficial de cobertura para 2024, fijada en 85% de la población objetivo, habría quedado por debajo de lo esperado.
