La Corte de Apelaciones de Valparaíso rechazó los recursos de amparo presentados en favor de tres internos trasladados desde el Complejo Penitenciario de Valparaíso hasta la cárcel de Talca.
En fallos unánimes, la Tercera, Cuarta y Quinta Salas del tribunal descartaron que Gendarmería hubiese actuado de manera arbitraria o ilegal.
Las defensas cuestionaban el traslado y solicitaban que los internos fueran retornados al recinto de origen, argumentando eventuales efectos sobre su arraigo familiar.
Sin embargo, Gendarmería sostuvo que los movimientos respondían a razones de descongestión y mejoramiento de las condiciones de habitabilidad del penal porteño.
El Complejo Penitenciario de Valparaíso tiene una capacidad de diseño de 1.919 plazas, pero registra una población penal superior a 3.500 internos.
El tribunal también consideró antecedentes vinculados a la conducta y segmentación de los reclusos, además de las facultades legales de Gendarmería para definir unidad penal y módulo de cumplimiento.
Respecto del arraigo familiar, una de las salas sostuvo que esa garantía no tiene carácter absoluto y debe ponderarse frente a exigencias de seguridad, clasificación y gestión de la sobrepoblación penitenciaria.
Con esto, la Corte validó que los traslados fueron dispuestos por autoridad competente y sobre la base de fundamentos suficientes.
En fallos unánimes, la Tercera, Cuarta y Quinta Salas del tribunal descartaron que Gendarmería hubiese actuado de manera arbitraria o ilegal.
Las defensas cuestionaban el traslado y solicitaban que los internos fueran retornados al recinto de origen, argumentando eventuales efectos sobre su arraigo familiar.
Sin embargo, Gendarmería sostuvo que los movimientos respondían a razones de descongestión y mejoramiento de las condiciones de habitabilidad del penal porteño.
El Complejo Penitenciario de Valparaíso tiene una capacidad de diseño de 1.919 plazas, pero registra una población penal superior a 3.500 internos.
El tribunal también consideró antecedentes vinculados a la conducta y segmentación de los reclusos, además de las facultades legales de Gendarmería para definir unidad penal y módulo de cumplimiento.
Respecto del arraigo familiar, una de las salas sostuvo que esa garantía no tiene carácter absoluto y debe ponderarse frente a exigencias de seguridad, clasificación y gestión de la sobrepoblación penitenciaria.
Con esto, la Corte validó que los traslados fueron dispuestos por autoridad competente y sobre la base de fundamentos suficientes.
