La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó el proyecto que endurece las sanciones frente a atentados y ofensas graves contra funcionarios de Carabineros, la PDI y Gendarmería.
La iniciativa forma parte de la denominada Agenda Naín-Retamal 2.0 y ahora continuará su tramitación en el Senado.
El proyecto fue respaldado por 96 votos a favor, 34 en contra y 14 abstenciones.
Entre sus principales medidas, establece una respuesta penal reforzada cuando las víctimas de atentados contra la autoridad sean funcionarios policiales o penitenciarios.
En esos casos, se elimina la multa como pena alternativa, por lo que deberá aplicarse una pena privativa de libertad.
La propuesta también mantiene como agravante que los hechos sean cometidos por un grupo de personas.
Otro punto relevante es la creación de una figura de ofensa grave en el Código Penal, orientada a sancionar conductas que menoscaben gravemente la dignidad de la función policial o penitenciaria.
Además, el texto permite detener en flagrancia a quienes incurran en este tipo de conductas graves.
La votación mostró divisiones políticas: el respaldo vino principalmente del oficialismo y la Democracia Cristiana, mientras que los rechazos se concentraron en el Frente Amplio y el Partido Comunista. El PPD se abstuvo y el Partido Socialista se dividió entre votos en contra y abstenciones.
La iniciativa forma parte de la denominada Agenda Naín-Retamal 2.0 y ahora continuará su tramitación en el Senado.
El proyecto fue respaldado por 96 votos a favor, 34 en contra y 14 abstenciones.
Entre sus principales medidas, establece una respuesta penal reforzada cuando las víctimas de atentados contra la autoridad sean funcionarios policiales o penitenciarios.
En esos casos, se elimina la multa como pena alternativa, por lo que deberá aplicarse una pena privativa de libertad.
La propuesta también mantiene como agravante que los hechos sean cometidos por un grupo de personas.
Otro punto relevante es la creación de una figura de ofensa grave en el Código Penal, orientada a sancionar conductas que menoscaben gravemente la dignidad de la función policial o penitenciaria.
Además, el texto permite detener en flagrancia a quienes incurran en este tipo de conductas graves.
La votación mostró divisiones políticas: el respaldo vino principalmente del oficialismo y la Democracia Cristiana, mientras que los rechazos se concentraron en el Frente Amplio y el Partido Comunista. El PPD se abstuvo y el Partido Socialista se dividió entre votos en contra y abstenciones.
