La Moneda y el oficialismo buscarán ordenar la agenda de seguridad antes de evaluar la necesidad de una reforma constitucional.
La definición ocurre luego de que el Gobierno retirara la urgencia suma a la reforma constitucional en materia de seguridad.
La decisión se produjo tras cuestionamientos desde la oposición y también reparos dentro del propio oficialismo.
Las críticas se concentraron principalmente en la propuesta de un nuevo estado de excepción.
Ese mecanismo entregaría al Presidente de la República la facultad de decretar la medida por 120 días, prorrogables por una vez, sin requerir inicialmente el concurso del Congreso.
En este escenario, los ministros Claudio Alvarado, de Interior y Segegob, y José García, de Segpres, comenzaron a desplegar una estrategia para buscar acuerdos con la izquierda.
Al mismo tiempo, las fuerzas de gobierno y sectores afines deberán zanjar una postura común frente a la reforma.
El objetivo será definir qué cambios impulsarán finalmente junto al Ejecutivo.
Según el resumen público de la edición de este miércoles 26 de agosto, el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, sostuvo que la discusión se centrará primero en la treintena de iniciativas legales del plan de seguridad.
A partir del análisis de cada proyecto, se evaluaría si son necesarios eventuales ajustes a la Carta Fundamental.
El debate también divide a legisladores de derecha.
Algunos plantean retirar medidas que no tengan consenso para viabilizar la reforma, mientras otros defienden mantenerlas ante la demanda ciudadana por seguridad.
La oposición, en tanto, mantiene sus críticas y busca posicionar una agenda propia en medio de las dificultades del Ejecutivo.
La discusión seguirá marcada por la tensión entre avanzar rápido en seguridad y conseguir acuerdos políticos suficientes para cambios legales o constitucionales.
El contenido completo de la nota fue publicado en la edición digital de El Mercurio, página C2, mientras el resumen fue incluido en los Destacados del Editor.
La definición ocurre luego de que el Gobierno retirara la urgencia suma a la reforma constitucional en materia de seguridad.
La decisión se produjo tras cuestionamientos desde la oposición y también reparos dentro del propio oficialismo.
Las críticas se concentraron principalmente en la propuesta de un nuevo estado de excepción.
Ese mecanismo entregaría al Presidente de la República la facultad de decretar la medida por 120 días, prorrogables por una vez, sin requerir inicialmente el concurso del Congreso.
En este escenario, los ministros Claudio Alvarado, de Interior y Segegob, y José García, de Segpres, comenzaron a desplegar una estrategia para buscar acuerdos con la izquierda.
Al mismo tiempo, las fuerzas de gobierno y sectores afines deberán zanjar una postura común frente a la reforma.
El objetivo será definir qué cambios impulsarán finalmente junto al Ejecutivo.
Según el resumen público de la edición de este miércoles 26 de agosto, el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, sostuvo que la discusión se centrará primero en la treintena de iniciativas legales del plan de seguridad.
A partir del análisis de cada proyecto, se evaluaría si son necesarios eventuales ajustes a la Carta Fundamental.
El debate también divide a legisladores de derecha.
Algunos plantean retirar medidas que no tengan consenso para viabilizar la reforma, mientras otros defienden mantenerlas ante la demanda ciudadana por seguridad.
La oposición, en tanto, mantiene sus críticas y busca posicionar una agenda propia en medio de las dificultades del Ejecutivo.
La discusión seguirá marcada por la tensión entre avanzar rápido en seguridad y conseguir acuerdos políticos suficientes para cambios legales o constitucionales.
El contenido completo de la nota fue publicado en la edición digital de El Mercurio, página C2, mientras el resumen fue incluido en los Destacados del Editor.
