Un grupo transversal de diputados presentó el proyecto de ley “No más ruidos”, iniciativa que busca entregar nuevas herramientas a los municipios frente a inmuebles que concentren incivilidades.
La propuesta apunta a viviendas o locales que registren ruidos molestos, comercio ilegal u otras situaciones que afecten gravemente la convivencia vecinal.
El proyecto permitiría que las municipalidades soliciten ante los Juzgados de Policía Local la clausura temporal, total o parcial, de inmuebles con infracciones reiteradas.
Para aplicar la medida, deberían existir tres o más infracciones en un período de tres meses y acreditarse que los hechos afectaron la tranquilidad, seguridad o salubridad del entorno.
La iniciativa modifica la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades y busca evitar que las sanciones se limiten a multas que muchas veces no se pagan o no logran notificarse.
Uno de los casos señalados como ejemplo son departamentos usados para fiestas clandestinas o como verdaderas discotecas, afectando el descanso de vecinos.
La clausura no dependería solo de una decisión administrativa municipal, ya que tendría que ser resuelta judicialmente por el Juzgado de Policía Local.
El texto plantea cierres de entre 15 y 90 días. Ese plazo podría llegar hasta 180 días en casos más graves, como detección de armas, municiones, elementos incendiarios, delitos vinculados a drogas, riesgo para terceros o reincidencia.
Los impulsores sostienen que la medida busca entregar una herramienta efectiva para proteger el derecho de las personas a vivir tranquilas en sus barrios.
La propuesta apunta a viviendas o locales que registren ruidos molestos, comercio ilegal u otras situaciones que afecten gravemente la convivencia vecinal.
El proyecto permitiría que las municipalidades soliciten ante los Juzgados de Policía Local la clausura temporal, total o parcial, de inmuebles con infracciones reiteradas.
Para aplicar la medida, deberían existir tres o más infracciones en un período de tres meses y acreditarse que los hechos afectaron la tranquilidad, seguridad o salubridad del entorno.
La iniciativa modifica la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades y busca evitar que las sanciones se limiten a multas que muchas veces no se pagan o no logran notificarse.
Uno de los casos señalados como ejemplo son departamentos usados para fiestas clandestinas o como verdaderas discotecas, afectando el descanso de vecinos.
La clausura no dependería solo de una decisión administrativa municipal, ya que tendría que ser resuelta judicialmente por el Juzgado de Policía Local.
El texto plantea cierres de entre 15 y 90 días. Ese plazo podría llegar hasta 180 días en casos más graves, como detección de armas, municiones, elementos incendiarios, delitos vinculados a drogas, riesgo para terceros o reincidencia.
Los impulsores sostienen que la medida busca entregar una herramienta efectiva para proteger el derecho de las personas a vivir tranquilas en sus barrios.
