La decisión del gobierno de Perú de ampliar el rol de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública abrió un debate que también comienza a instalarse en Chile.
La medida contempla presencia militar en calles, sistemas de transporte, zonas fronterizas y apoyo a recintos penitenciarios, como respuesta al avance del crimen organizado y la inseguridad.
El plan peruano busca reforzar el trabajo policial, endurecer controles migratorios, acelerar expulsiones de extranjeros condenados y fortalecer operativos contra estructuras criminales.
En Chile, la discusión toma fuerza en medio de una alta preocupación ciudadana por la delincuencia. Una encuesta reciente mostró que el 69% cree que la presencia militar en las calles aumentaría la sensación de seguridad.
Sin embargo, especialistas y exautoridades advierten que la militarización puede tener efectos limitados si no va acompañada de inteligencia policial, investigación financiera, control carcelario y persecución penal efectiva.
Uno de los principales cuestionamientos apunta a que las Fuerzas Armadas no están formadas para cumplir funciones policiales permanentes en zonas urbanas.
Expertos señalan que la presencia militar puede tener un efecto disuasivo inicial, pero que los delitos pueden reaparecer cuando termina el despliegue si no existe una estrategia civil sólida.
También se advierten riesgos operativos en lugares como el transporte público, además de eventuales tensiones por uso de la fuerza, protección de civiles y definición de protocolos claros.
Experiencias regionales en México, Ecuador y El Salvador alimentan la controversia, con resultados distintos y cuestionamientos por concentración de poder, aumento de violencia o denuncias de vulneraciones de derechos humanos.
En Chile, algunas voces plantean limitar el rol militar a infraestructura crítica, fronteras o barrios específicos, mientras otras defienden una participación más directa frente al crimen organizado.
El debate expone una tensión central: responder a la demanda ciudadana por seguridad sin debilitar la institucionalidad civil ni trasladar a los militares funciones que corresponden principalmente a policías, fiscalías y tribunales.
La medida contempla presencia militar en calles, sistemas de transporte, zonas fronterizas y apoyo a recintos penitenciarios, como respuesta al avance del crimen organizado y la inseguridad.
El plan peruano busca reforzar el trabajo policial, endurecer controles migratorios, acelerar expulsiones de extranjeros condenados y fortalecer operativos contra estructuras criminales.
En Chile, la discusión toma fuerza en medio de una alta preocupación ciudadana por la delincuencia. Una encuesta reciente mostró que el 69% cree que la presencia militar en las calles aumentaría la sensación de seguridad.
Sin embargo, especialistas y exautoridades advierten que la militarización puede tener efectos limitados si no va acompañada de inteligencia policial, investigación financiera, control carcelario y persecución penal efectiva.
Uno de los principales cuestionamientos apunta a que las Fuerzas Armadas no están formadas para cumplir funciones policiales permanentes en zonas urbanas.
Expertos señalan que la presencia militar puede tener un efecto disuasivo inicial, pero que los delitos pueden reaparecer cuando termina el despliegue si no existe una estrategia civil sólida.
También se advierten riesgos operativos en lugares como el transporte público, además de eventuales tensiones por uso de la fuerza, protección de civiles y definición de protocolos claros.
Experiencias regionales en México, Ecuador y El Salvador alimentan la controversia, con resultados distintos y cuestionamientos por concentración de poder, aumento de violencia o denuncias de vulneraciones de derechos humanos.
En Chile, algunas voces plantean limitar el rol militar a infraestructura crítica, fronteras o barrios específicos, mientras otras defienden una participación más directa frente al crimen organizado.
El debate expone una tensión central: responder a la demanda ciudadana por seguridad sin debilitar la institucionalidad civil ni trasladar a los militares funciones que corresponden principalmente a policías, fiscalías y tribunales.
