Principales operadores de casinos cuestionaron las condiciones del proceso de licitación para los recintos de Iquique, Coquimbo, Viña del Mar y Pucón.
El proceso dejó interesados solo para Coquimbo y Pucón, mientras que las licitaciones de Viña del Mar e Iquique quedaron desiertas.
Empresas del sector apuntaron a que las exigencias económicas, técnicas y de inversión establecidas para participar habrían desincentivado la competencia.
Entre los cuestionamientos se mencionan pagos mínimos elevados, plazos exigentes para la puesta en marcha de recintos y obligaciones de inversión en obras asociadas.
Uno de los casos más sensibles es Viña del Mar, donde no hubo oferentes pese a tratarse de una plaza relevante para la industria del juego.
En ese proceso se contemplaban exigencias como un pago mínimo anual al municipio, obras de mejoramiento urbano y un plazo acotado para iniciar operaciones.
También hubo reparos por el caso de Iquique, donde se planteó que algunas inversiones requeridas podían transformarse en costos difíciles de recuperar para los operadores.
Las empresas sostienen que el diseño del proceso podría afectar la viabilidad financiera de los proyectos y limitar el ingreso de nuevos competidores.
Una de las compañías incluso presentó un recurso para pedir que se deje sin efecto la licitación, suspender la recepción de ofertas y revisar la legalidad del procedimiento.
El escenario abre un debate sobre el modelo de licitación de casinos y sobre cómo equilibrar ingresos para los municipios, competencia y viabilidad económica de los operadores.
El proceso dejó interesados solo para Coquimbo y Pucón, mientras que las licitaciones de Viña del Mar e Iquique quedaron desiertas.
Empresas del sector apuntaron a que las exigencias económicas, técnicas y de inversión establecidas para participar habrían desincentivado la competencia.
Entre los cuestionamientos se mencionan pagos mínimos elevados, plazos exigentes para la puesta en marcha de recintos y obligaciones de inversión en obras asociadas.
Uno de los casos más sensibles es Viña del Mar, donde no hubo oferentes pese a tratarse de una plaza relevante para la industria del juego.
En ese proceso se contemplaban exigencias como un pago mínimo anual al municipio, obras de mejoramiento urbano y un plazo acotado para iniciar operaciones.
También hubo reparos por el caso de Iquique, donde se planteó que algunas inversiones requeridas podían transformarse en costos difíciles de recuperar para los operadores.
Las empresas sostienen que el diseño del proceso podría afectar la viabilidad financiera de los proyectos y limitar el ingreso de nuevos competidores.
Una de las compañías incluso presentó un recurso para pedir que se deje sin efecto la licitación, suspender la recepción de ofertas y revisar la legalidad del procedimiento.
El escenario abre un debate sobre el modelo de licitación de casinos y sobre cómo equilibrar ingresos para los municipios, competencia y viabilidad económica de los operadores.
