El Gobierno recurrió al Tribunal Constitucional para impugnar un artículo de la megarreforma que regula la reconexión gratuita de servicios básicos en zonas declaradas en estado de catástrofe.
La norma cuestionada obliga a empresas de distribución eléctrica, servicios sanitarios y gas a reconectar sin cobro a usuarios residenciales y micro, pequeñas y medianas empresas ubicadas en zonas bajo estado de catástrofe.
El artículo también fija plazos máximos de 48 horas para electricidad y gas, y de 24 horas para agua potable y alcantarillado, además de contemplar compensaciones si las empresas no cumplen.
El requerimiento del Ejecutivo no apunta al fondo completo del proyecto de reconstrucción, sino a la forma en que esa disposición fue incorporada durante la tramitación legislativa.
La presentación sostiene que el artículo fue agregado mediante una indicación parlamentaria y que no tendría relación directa con las ideas matrices de la iniciativa original.
Desde el Gobierno argumentan que el proyecto estaba enfocado en financiar y acelerar la reconstrucción de zonas afectadas por incendios, además de promover medidas de reactivación económica.
El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, afirmó que la norma estaría fuera de la idea matriz y sostuvo que el Ejecutivo busca apegarse a la institucionalidad.
Quiroz aclaró que el Gobierno no descarta una regulación especial para servicios básicos en situaciones de catástrofe, pero planteó que debe redactarse correctamente y tramitarse por la vía adecuada.
El Ejecutivo solicitó que solo el artículo cuestionado sea declarado inconstitucional y excluido del texto final, manteniendo el resto de las medidas de reconstrucción y reactivación económica.
La norma cuestionada obliga a empresas de distribución eléctrica, servicios sanitarios y gas a reconectar sin cobro a usuarios residenciales y micro, pequeñas y medianas empresas ubicadas en zonas bajo estado de catástrofe.
El artículo también fija plazos máximos de 48 horas para electricidad y gas, y de 24 horas para agua potable y alcantarillado, además de contemplar compensaciones si las empresas no cumplen.
El requerimiento del Ejecutivo no apunta al fondo completo del proyecto de reconstrucción, sino a la forma en que esa disposición fue incorporada durante la tramitación legislativa.
La presentación sostiene que el artículo fue agregado mediante una indicación parlamentaria y que no tendría relación directa con las ideas matrices de la iniciativa original.
Desde el Gobierno argumentan que el proyecto estaba enfocado en financiar y acelerar la reconstrucción de zonas afectadas por incendios, además de promover medidas de reactivación económica.
El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, afirmó que la norma estaría fuera de la idea matriz y sostuvo que el Ejecutivo busca apegarse a la institucionalidad.
Quiroz aclaró que el Gobierno no descarta una regulación especial para servicios básicos en situaciones de catástrofe, pero planteó que debe redactarse correctamente y tramitarse por la vía adecuada.
El Ejecutivo solicitó que solo el artículo cuestionado sea declarado inconstitucional y excluido del texto final, manteniendo el resto de las medidas de reconstrucción y reactivación económica.
