La decisión del Gobierno de cambiar el modelo de financiamiento de los corredores de transporte público del Biobío abrió un nuevo debate sobre la confianza en el sistema de concesiones.
El proyecto considera corredores en las rutas 160 y 150, vinculadas a la conexión del Gran Concepción, y originalmente avanzaba bajo un esquema concesionado.
El Ejecutivo primero anunció la suspensión de las licitaciones por razones de estrechez fiscal, pero luego rectificó y confirmó que las obras sí se ejecutarán.
El cambio principal es que los proyectos ya no serán financiados mediante concesión, sino con recursos directos de la Dirección de Vialidad.
El ministro de Obras Públicas, Louis de Grange, sostuvo que se mantendrán los diseños, plazos y empleos proyectados, y que el ajuste solo corresponde al mecanismo de financiamiento.
Según la autoridad, los estudios de ingeniería seguirán previstos para 2027 y 2028, mientras que la apertura a la ciudadanía se mantiene para fines de 2031.
Pese a esas explicaciones, gremios empresariales, representantes de inversionistas y expertos en infraestructura advirtieron que la señal puede afectar futuros procesos.
Las críticas apuntan a que los proyectos ya habían sido licitados bajo el sistema de concesiones, contaban con un oferente y estaban próximos a adjudicarse.
Desde el sector privado señalan que modificar las reglas en una etapa avanzada genera incertidumbre sobre la estabilidad del modelo y la atracción de inversión.
La Asociación de Concesionarios de Obras de Infraestructura Pública expresó preocupación por reemplazar una licitación avanzada sin mayor detalle público sobre su sustento técnico.
También se cuestiona que el cambio se justifique por estrechez fiscal, ya que el financiamiento directo obliga al Estado a asumir de manera más inmediata el costo de las obras.
Expertos recuerdan que el sistema de concesiones ha permitido ejecutar infraestructura durante décadas mediante asociación público-privada y pagos distribuidos en el tiempo.
El gobernador del Biobío, Sergio Giacaman, criticó que la decisión inicial se tomara sin consultar a la región, aunque valoró la necesidad de revisar cómo se usan los recursos públicos.
El debate continuará centrado en si el nuevo modelo permitirá ejecutar las obras sin retrasos y si el cambio afectará la percepción de certeza para futuros inversionistas.
El proyecto considera corredores en las rutas 160 y 150, vinculadas a la conexión del Gran Concepción, y originalmente avanzaba bajo un esquema concesionado.
El Ejecutivo primero anunció la suspensión de las licitaciones por razones de estrechez fiscal, pero luego rectificó y confirmó que las obras sí se ejecutarán.
El cambio principal es que los proyectos ya no serán financiados mediante concesión, sino con recursos directos de la Dirección de Vialidad.
El ministro de Obras Públicas, Louis de Grange, sostuvo que se mantendrán los diseños, plazos y empleos proyectados, y que el ajuste solo corresponde al mecanismo de financiamiento.
Según la autoridad, los estudios de ingeniería seguirán previstos para 2027 y 2028, mientras que la apertura a la ciudadanía se mantiene para fines de 2031.
Pese a esas explicaciones, gremios empresariales, representantes de inversionistas y expertos en infraestructura advirtieron que la señal puede afectar futuros procesos.
Las críticas apuntan a que los proyectos ya habían sido licitados bajo el sistema de concesiones, contaban con un oferente y estaban próximos a adjudicarse.
Desde el sector privado señalan que modificar las reglas en una etapa avanzada genera incertidumbre sobre la estabilidad del modelo y la atracción de inversión.
La Asociación de Concesionarios de Obras de Infraestructura Pública expresó preocupación por reemplazar una licitación avanzada sin mayor detalle público sobre su sustento técnico.
También se cuestiona que el cambio se justifique por estrechez fiscal, ya que el financiamiento directo obliga al Estado a asumir de manera más inmediata el costo de las obras.
Expertos recuerdan que el sistema de concesiones ha permitido ejecutar infraestructura durante décadas mediante asociación público-privada y pagos distribuidos en el tiempo.
El gobernador del Biobío, Sergio Giacaman, criticó que la decisión inicial se tomara sin consultar a la región, aunque valoró la necesidad de revisar cómo se usan los recursos públicos.
El debate continuará centrado en si el nuevo modelo permitirá ejecutar las obras sin retrasos y si el cambio afectará la percepción de certeza para futuros inversionistas.
