El Gobierno presentó nuevas medidas dentro de la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo, conocida como ACOT, con el objetivo de fortalecer el sistema de seguridad pública.
La propuesta forma parte de una mega agenda que contempla más de 30 proyectos, entre iniciativas ya en trámite y nuevas reformas legales.
Uno de los puntos centrales es una reforma constitucional para establecer que la protección de la seguridad de las personas sea un deber del Estado.
El Ejecutivo sostiene que la agenda busca entregar un marco integral para enfrentar delitos violentos, crimen organizado, terrorismo, migración ilegal, problemas penitenciarios y debilidades operativas de las instituciones de seguridad.
Entre los proyectos ya en curso se incluyen mejoras salariales para Carabineros, el fortalecimiento de la Ley Naín-Retamal y medidas relacionadas con migración irregular.
A ese paquete se suman 11 nuevas medidas legales orientadas a ampliar facultades, acelerar procedimientos y endurecer la respuesta frente a organizaciones criminales.
Una de ellas modifica la Ley Antibarricadas para eliminar el requisito de acreditar violencia, ampliando el alcance de la norma.
También se propone reformar la Zona Primaria de Seguridad Fronteriza para que Carabineros y la PDI puedan operar de manera autónoma, detener e incautar de forma inmediata.
La agenda considera destruir bienes ingresados irregularmente por pasos no habilitados y cerrar o destruir máquinas ilegales de destreza y azar, tipificando su operación como delito.
Otra medida habilita a laboratorios criminalísticos de Carabineros y la PDI para tomar muestras biológicas y determinar huellas sin requerir acreditación separada del Servicio Médico Legal.
El paquete además permitiría a las policías destruir drogas incautadas y crea una Agencia de Decomiso, Enajenación y Destrucción de Bienes Ilícitos.
En materia penitenciaria, se plantea una nueva Ley Orgánica Constitucional de Gendarmería para dotarla de una orgánica como institución policial.
La agenda también incorpora la modernización de la PDI con mejoras salariales y la creación de una Nómina Nacional de Organizaciones Criminales.
Esa nómina permitiría aumentar penas por pertenecer a una organización criminal y establecer un régimen penitenciario especial.
Finalmente, el Gobierno propone una reforma constitucional para crear un nuevo Estado de Excepción Constitucional de Seguridad Pública.
La propuesta forma parte de una mega agenda que contempla más de 30 proyectos, entre iniciativas ya en trámite y nuevas reformas legales.
Uno de los puntos centrales es una reforma constitucional para establecer que la protección de la seguridad de las personas sea un deber del Estado.
El Ejecutivo sostiene que la agenda busca entregar un marco integral para enfrentar delitos violentos, crimen organizado, terrorismo, migración ilegal, problemas penitenciarios y debilidades operativas de las instituciones de seguridad.
Entre los proyectos ya en curso se incluyen mejoras salariales para Carabineros, el fortalecimiento de la Ley Naín-Retamal y medidas relacionadas con migración irregular.
A ese paquete se suman 11 nuevas medidas legales orientadas a ampliar facultades, acelerar procedimientos y endurecer la respuesta frente a organizaciones criminales.
Una de ellas modifica la Ley Antibarricadas para eliminar el requisito de acreditar violencia, ampliando el alcance de la norma.
También se propone reformar la Zona Primaria de Seguridad Fronteriza para que Carabineros y la PDI puedan operar de manera autónoma, detener e incautar de forma inmediata.
La agenda considera destruir bienes ingresados irregularmente por pasos no habilitados y cerrar o destruir máquinas ilegales de destreza y azar, tipificando su operación como delito.
Otra medida habilita a laboratorios criminalísticos de Carabineros y la PDI para tomar muestras biológicas y determinar huellas sin requerir acreditación separada del Servicio Médico Legal.
El paquete además permitiría a las policías destruir drogas incautadas y crea una Agencia de Decomiso, Enajenación y Destrucción de Bienes Ilícitos.
En materia penitenciaria, se plantea una nueva Ley Orgánica Constitucional de Gendarmería para dotarla de una orgánica como institución policial.
La agenda también incorpora la modernización de la PDI con mejoras salariales y la creación de una Nómina Nacional de Organizaciones Criminales.
Esa nómina permitiría aumentar penas por pertenecer a una organización criminal y establecer un régimen penitenciario especial.
Finalmente, el Gobierno propone una reforma constitucional para crear un nuevo Estado de Excepción Constitucional de Seguridad Pública.
